Sánchez abre la compuerta de las cloacas policiales

Sánchez abre la compuerta de las cloacas policiales

Nuestra democracia es reciente. Porta a sus espaldas un sólido andamiaje jurídico, pero sus cimientos no son profundos. Ello se debe a la inestabilidad de gran parte de nuestra Historia contemporánea; inestabilidad que como consecuencia ha producido una falta de sedimentación del Estado español y, en cambio, la hipertrofia de un poder político que, con mayor frecuencia de la deseable, tiende al nepotismo y al empleo de las instituciones como si éstas fueran instrumentos de uso personal. De ahí a oscuros episodios como guerras sucias, espionajes diversos o financiaciones ilegales sólo media un paso; una delgada línea roja que resulta tentadoramente sencillo cruzar. Baste recordar que Mariano Rajoy en 2014 fue el primer presidente de la Democracia que legisló para que el delito de financiación ilegal de partidos políticos aparezca en nuestro Código Penal. Hasta entonces aquí, como en tantas otras esferas de nuestro espacio público, cada uno hacía de su capa un sayo. Lo más triste es que esta conducta era vista como normal.

Pedro Sánchez está demostrando ser un discípulo aventajado en estas prácticas cesaristas, máxime cuando gran parte de su ejecutoria –hasta el día de hoy– la lleva realizando en funciones (preferimos no pensar qué sucederá cuando sea presidente de pleno derecho). Sobreabundan episodios llamativos de este tenor; desde la transformación del CIS en una empresa demoscópica a mayor gloria del PSOE hasta el empleo del Falcon como si fuera el avión privado de una Star, pasando por los viernes sociales.

Con la manipulación de informes policiales para justificar agresiones a partidos democráticos fomentadas por su propio ministro de Interior, Sánchez ha dado un salto cualitativo a peor de nefastas consecuencias para la salud de nuestra Democracia. Hablamos de la complicidad de las cloacas policiales con las cloacas periodísticas –El País– para justificar a las cloacas políticas. Por si el asunto no tuviera ya la suficiente gravedad, la aparición de un segundo informe que –esta vez sí– porta todos los requisitos oficiales hace que el asunto adquiera un tono entre chusco y siniestro. ¿Desde qué oscuras habitaciones se redactan informes ad hoc y en serie para justificar las agresiones que el poder político propicia contra sus rivales? Late aquí una pulsión totalitaria y abiertamente ilegal que urge investigar con todos los medios de nuestro Estado de Derecho, que por fortuna no son pocos.

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