Rebajar el delito de secesión: ¿cómo se les ocurre?

Los catalanes no nacionalistas somos como un valiente torillo al que no le caben más banderillas. Unos y otros dicen que tenemos toda la razón, que admiran nuestra resistencia, nuestra “resiliencia” (por usar un palabro de moda). Pero unos y otros nos las van clavando. Incluso los que se suponen más cercanos. Los que se suponen que son “los nuestros”.

El traidor Snchz, ese que no podría dormir si tuviera a Podemos en el gobierno, ése que miraba a los ojos y decía que con Bildu a ninguna parte, ése que no iba a mancharse las manos asociándose con independentistas,  ése, arrastra tanto lodo podrido que ya no puede levantar las patas. Y, sin embargo, siguen teniendo miedo a no parecer suficientemente moderados y plantarle cara.

Como saben por los medios de comunicación, este gobierno insensato se había avenido con Esquerra Republicana a rebajar las penas del delito de secesión. Y ha estado Feijóo a las puertas de pactar con Pedrizo (así le llama el querido Paco Sosa Wagner) la reforma del CGPJ cuando ya se sabía de aquellas promesas. Por suerte, el PP ha suspendido las conversaciones. Al parecer uno de los barones que más ha influido ha sido Santa Isabel Ayuso, patrona del sentido común, que no se le apareció en carne pero le envió un WhatsApp, que es menos engorroso.

“Quieren rebajar la sedición para que Junqueras pueda llegar a presidente», asegura el abogado Pere Lluís Huguet. El Partido Popular considera que «Reformar la ley no es compatible con reformar la ley para ayudar a aquellos que incumplieron la ley. Y no es compatible hablar de la independencia judicial y poner en cuestión las sentencias del máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo”. Y Snchz va diciendo que Feijóo se ha plegado “a las presiones internas de su partido”. El cuajo de este hombre.

Si ha sido así, no es tranquilizador, pero bienvenido sea. Porque aquí nos frotamos los ojos ante tanta irresponsabilidad. ¿Saben que lo que llaman pomposamente el “CNI catalán” montó un sistema secreto de mossos, bomberos, guardas forestales, agentes vinculados a la protección civil, estibadores y guardias urbanos para «controlar el territorio». “Escuts per la República” (Escudos por la República), se hacen llamar. Lo más sonado de cada cuerpo, ya se pueden imaginar. La Guardia Civil sostiene que ese grupo parapolicial se coordinó con Puigdemont, Torra y otros líderes independentistas para impulsar otra DUI en 2018 y 2019. Al parecer, hay algunos empresarios ahí metidos (todos menores y subvención-dependientes, sospecho. Los importantes huyeron y aún no han vuelto).

Querían, angelitos, reactivar el proceso secesionista tras el fracaso de 2017 poniendo en marcha una administración digital paralela al Estado. Relacionados con los comités de defensa de la república (CDR), individuos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otros grupos radicales como el juvenil La Forja. A ese grupúsculo habría pertenecido, por ejemplo, el jefe del Área de Bomberos del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, David Queralt.  El cabecilla era Ramir de Porrata-Doria Yagüe, candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017 por JxCAT. Todo “con la conformidad del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra Pla”, según la Guardia Civil. Hace bien Santa Isabel en mandar WhatsApps cuando hacen falta. Collejas debería repartir.

Porque, como ven, aquí siguen a su bola. Carlos Puigdemont, conmemorando el quinto aniversario de la declaración de independencia, ha soltado hace nada: «la no aplicación inmediata de los efectos políticos de la Declaración de Independencia de Catalunya no anula su vigencia, sino que nos obliga a encontrar la forma de desplegarla».

Rebajen, rebajen. Lo que se debería hacer es agravar esas penas. Y tipificar (ya por si acaso) como delito la convocatoria de un referéndum ilegal.  Se celebre o no.