Punto final con concesiones para ETA

ETA llega a las instituciones después de que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, hiciese un llamamiento en 2006 —en plena negociación del Gobierno con ETA— para que las togas se manchasen «con el polvo del camino». El resultado fue el aval a una buena parte de las listas de la franquicia etarra ANV en las municipales de 2007. Batasuna-ETA pasó así a tener más de 400 concejales en el País Vasco y Navarra. Era una exigencia importante para la organización terrorista ETA, ya que su presencia institucional en el País Vasco y Navarra le ha servido tradicionalmente tanto para mantener económicamente muchas de sus estructuras legales a través de subvenciones de las instituciones que controlan, como para hacerse visibles en el día a día de la política vasca.

Según recogen las actas de la negociación intervenidas al ex número uno de ETA Francisco Javier López Peña Thierry, el Gobierno trasmitió a la banda terrorista a mediados de 2006 que su intención era hacer desaparecer la Ley de Partidos, a la vez que les hizo saber que permitiría la inscripción de una nueva formación política, en alusión a Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), en la que ya trabajaban los proetarras. Finalmente, la justicia permitió, maniatando a los tribunales mediante los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la presencia de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en las elecciones municipales y forales de 2007. Después, se permitió la presencia en otras elecciones de Iniciativa Internacionalista, Bildu, Amaiur y EH Bildu, así como la inscripción en el registro de partidos políticos de Sortu. 

Una presencia institucional corregida y aumentada ahora, después de que el Tribunal Constitucional enmendase —tras múltiples presiones de los nacionalistas y el PSOE— la plana al Tribunal Supremo y avalase todas las listas de Bildu. Recordemos que en su sentencia sobre Sortu el TC negaba una relación instrumental entre ETA-Batasuna y Sortu como argumento para aceptar la legalización de esta última. Lo que les ha permitido gobernar la Diputación de Guipúzcoa y el ayuntamiento de San Sebastián, entre otros muchos consistorios. Un camino que no se ha corregido de cara a las elecciones generales y que supuso la vuelta del brazo político de ETA al Congreso de los Diputados. Además hay que tener en cuenta que sobre un 25% de expresos de ETA forman parte de sus agrupaciones políticas legalizadas, lo cual les permite rehacer su vida después de su paso por la cárcel.

Los beneficios penitenciarios de los presos de la banda también han sido una constante en sus reivindicaciones. Algunos han sido acercados a cárceles del País Vasco, otros han recibido permisos penitenciarios para cursar estudios y muchos, simplemente, han quedado en libertad. Según recogen las actas de la negociación, se llegó a prometer incluso que se favorecería la excarcelación de los terroristas que no hubiesen sido condenados por delitos de sangre y que se facilitarían los permisos de salida para muchos otros. También quedó reflejado cómo los enviados del Ejecutivo del PSOE dijeron a ETA que muchos de los etarras encarcelados podrían salir de prisión a través de indultos una vez que la organización terrorista se hubiese desarmado.

El Gobierno prometió a ETA la derogación de la doctrina Parot. Entonces utilizó para ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que envió como juez español a su ex secretario de Estado de Justicia entre 2003 y 2007: Luis López Guerra. Además de todos estos beneficios constatados a ETA-Batasuna por parte de las instituciones del Estado, se han suscitado numerosas reflexiones sobre el tipo de política más oportuna que lograse el punto y final de la etapa más macabra que ha vivido España sacudida por el terrorismo. Por un lado hay quienes sostienen que ya derrotada ETA es necesario que la democracia debería mostrar una cierta generosidad que permita la conclusión de este problema a cambio de determinadas prebendas para la organización terrorista. También se tendría en cuenta la readaptación del marco político mediante diálogos simultáneos, pero diferenciados entre la banda y el Gobierno, por un lado, y por otro, entre los partidos democráticos y los representantes políticos de la organización terrorista con objeto de reformar el Estatuto vasco. Con ese fin se reclama «generosidad» de las víctimas del terrorismo argumentando que éstas «no pueden convertirse en un agente político activo en un proceso de paz», como subrayaba en Gara el 5 de febrero de 2006 el portavoz del PSE en el Parlamento vasco.

Cabe recordar que el Ejecutivo cumple la hoja de ruta marcada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA en 2011. Durante la primera legislatura de Rajoy vimos al «brazo político» de la banda llegar a las instituciones y la excarcelación de decenas de etarras, entre ellos la de Bolinaga, secuestrador de Ortega Lara.

Es incuestionable que cuando los miembros de la banda salen de las cárceles, la mayoría con edades avanzadas no tienen posibilidades de encontrar trabajo y en la práctica es evidente que disfrutan de una forma de vida ostensiblemente desahogada. En consecuencia, todas las medidas a las que se refiere este escrito que se han venido tomando en relación con ETA y la legalización de su brazo político ha sido con un único objetivo: darles un soporte financiero para coadyuvar a la reinserción social y económica de sus presos.

¿Han visto a algún ex terrorista de esta banda desahuciado o pidiendo por las calles? ¿Se han fijado en el aspecto tan lustroso que aparentan tanto los que pisan moketa en las instituciones o los que únicamente se dedican a potear por las herriko tabernas de sus pueblos? ¿Sabían que esta forma de vida tan holgada y afortunada es financiada con los fondos de todos los españoles, que sus camaradas instalados en numerosos Ayuntamientos, Parlamento vasco y nacional les facilitan por haber empuñado las armas desempeñado el papel de gudaris del pueblo vasco? Este tipo de complacientes concesiones siempre han sido amparadas tanto por el Gobierno vasco como por el central.

Ese es el camino que se va seguir con los presos de ETA que quedan en las cárceles. Por consiguiente, en determinadas circunstancias las cuestiones antes planteadas se resuelven por criterios subjetivos que contribuyen a la extensión de un sentimiento de agravio comparativo en relación a otros casos afectan a determinadas y complejas decisiones políticas tomadas en la lucha contra la banda armada vasca. Es decir, el Estado ha castigado a ETA por sus innumerables acciones terroristas, pero al mismo tiempo le tendía la mano en las diversas negociaciones que han llevado a cabo con los distintos gobiernos de la nación desde la instauración de la democracia en España. Así mismo, siguen favoreciendo a los miembros de la banda terrorista que han desistido de sus postulados terroristas apartándose de la organización. Se podría decir que el Estado nunca ha abandonado a ETA a lo largo de su existencia y por supuesto no lo va a hacer al final de su historia, cuando ha sido derrotada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Guardando las distancias y evitando cualquier tipo de equiparación, pero en contraposición a ese tipo de situaciones es necesario recordar el absoluto abandono que han sufrido determinados funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad por parte del Estado, que como consecuencia de la complejidad que en algunos casos representó la lucha contra ETA asumieron órdenes “comprometidas” del poder Ejecutivo, que en definitiva implicó un doble riesgo para ellos, la de su seguridad personal y la de su futuro.

Como consecuencia de acatar ese tipo de “operaciones” siguiendo instrucciones políticas, diversos miembros de la Guardia Civil y de la Policía fueron procesados, encarcelados y expulsados de sus cargos profesionales a pesar de haberse jugado sus vidas durante años en la lucha contra el terrorismo de la banda armada vasca para tratar de salvar la de otros españoles. Algunos fueron apartados de sus actividades profesionales por razones ideológicas en relación con sus funciones sindicales. A partir de ese momento todos aquellos funcionarios de ambos cuerpos de seguridad quedaron en el más absoluto desamparo, viéndose obligados a buscarse la vida como pudieron, en algunos casos sobreviviendo a costa de sus familias y en otros malviviendo de insignificantes ayudas sociales. Ellos perdieron y a ETA nunca le faltó el amparo del Estado.