Las propuestas de la izquierda contra los más débiles

La vicepresidenta Díaz ha dicho que la indemnización por despido sale muy barata en España. Concretamente, este miércoles ha dicho que en el Congreso que «el despido en nuestro país no es caro, es demasiado barato. Es tan barato que -a las empresas- les sale a cuenta despedir utilizando la indemnización de 33 días». A renglón seguido, ha dicho que cree que deben actuar y que el Gobierno cumplirá con lo que dictamine el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la denuncia de UGT por el coste del despido.

Se veía venir que la izquierda volvería a intentar elevar el coste de las indemnizaciones, porque está en su naturaleza tratar de intervenir todo, aunque esa intervención perjudique a la economía y al empleo y, por tanto, a todos los trabajadores, porque eso es lo que sucederá. Lo intentaron en la contrarreforma laboral, pero, al final, no se atrevieron a subir ese coste, y estaba claro que, una vez aprobada la contrarreforma, volverían a la carga. Por eso era fundamental votar en contra, por mínimos que fuesen los cambios -la CEOE imagino que ahora se dará cuenta- y fue una lástima que el error de un diputado impidiese que se rechazase -cómo habrían cambiado tanto la legislatura como todas las circunstancias vividas desde entonces, probablemente-. Ahora, quieren incorporar lo que entonces no se atrevieron a introducir.

La izquierda, una vez más, se equivoca. Los trabajadores no quieren indemnizaciones, sino la posibilidad de tener un puesto de trabajo. No es lo esencial poder tener una alta indemnización, sino la posibilidad de encontrar rápidamente un empleo si se pierde el que se tiene, y eso se logra creando las condiciones idóneas en el terreno económico, del que forma parte el mercado laboral, para que se genere crecimiento abundante y, con ello, empleo.

Sin embargo, la izquierda siempre va por otros derroteros. Trata de proteger a quien tiene un empleo, pero levanta una barrera importante para quien no lo tiene, pues a mayor potencial coste, las empresas se lo piensan más. Frena inversiones extranjeras por dicho posible incremento de costes y, por tanto, posibilidades de mayor prosperidad. Y también perjudica a quienes tienen un puesto de trabajo, pues si los costes son inasumibles para una empresa puede verse abocada al cierre, con una indemnización, entonces, muy inferior a la actual.

La izquierda suele ser bastante ineficiente en la gestión económica, como ha dejado ampliamente demostrado cada vez que gobierna. Lo hace a lomos de gasto público, déficit y deuda, aderezado con subidas de impuestos y un grado elevado de intervencionismo. Deja una losa de endeudamiento y un conjunto de normas que perjudican a los más débiles, que son los que menos posibilidades tienen de encontrar otro empleo si lo pierden, y que son los que más sufren los efectos negativos de una subida exponencial del salario mínimo, que puede dejarlos fuera del mercado por el elevado coste para el valor añadido que se genera como contrapartida, al tiempo que también serán los más perjudicados por una subida de las indemnizaciones por despido, pues a menor creación de empleo serán también las de menor valor añadido las que más se resientan, al tiempo que a muchos de ellos les condena a la lacra de la economía sumergida, que hay que erradicar, pero que el Gobierno, con decisiones como esta intención que refleja Díaz, incentiva indirectamente.