La prohibición del efectivo golpeará al comercio

El Gobierno ha decidido limitar a 1.000 euros el uso de efectivo en las transacciones comerciales, con el argumento de que, de esa manera, se podrá luchar mejor contra la economía sumergida. Es verdad que algo pagado con efectivo no deja un registro electrónico, pero no es ése el motivo que origina el fraude. En todo caso, puede ser un elemento que se emplee para disimularlo, pero no es la razón de su existencia.

Los motivos del fraude, de la economía sumergida, de las transacciones no declaradas, están en las prácticas que, en muchos casos, se han instalado perversamente en la sociedad. Dichas prácticas, que van desde la factura sin IVA de un arreglo hasta que puedan llegar a preguntarle a una persona que por cuánto va a escriturar una casa que está comprando, es un mal que se encuentra dentro de la economía.

Y ese mal es incentivado indirectamente con cada subida de impuestos que se produce. No quiere decir eso que podamos considerar que es legal y legítimo que ante una subida de impuestos se delinca, obviamente, porque las normas, aunque sean perversas y nocivas, hay que cumplirlas, y si la subida de impuestos es confiscatoria habrá que luchar ante la Justicia para que la revierta, pero lo que sí que es una evidencia es que cuanto más se les quiere confiscar a los ciudadanos, más fraude existe, más engaño hay y, por ello, más economía sumergida, con lo que deriva en menor recaudación.

El Gobierno, en lugar de preguntarse por los motivos que subyacen en el incentivo a la economía sumergida y en lugar de perseguirla, ha optado por el camino más fácil, pero, también, el más equivocado, pues no servirá de mucho en la lucha contra el fraude y puede contribuir a cercenar la potencial recuperación del comercio y de toda la actividad económica.

De esa manera, en una economía como la española en la que más del 80% de las transacciones comerciales se pagan en efectivo (83%, según un estudio del Banco Central Europeo de diciembre de 2020), el introducir la obligación del pago con tarjeta hará caer las transacciones, encarecerá los costes por la comisión inherente a cada operación, que perjudicará al comerciante y, vía repercusión en precios, también al consumidor, y limitará la libertad de elección de los ciudadanos del medio de pago que deseen emplear.

No parece razonable que el Gobierno obligue a realizar transacciones con tarjeta. Fija la cantidad de 1.000 euros como tope máximo para pagar en efectivo. Pues bien, muchos bienes de consumo no tan duradero tienen, actualmente, unos precios que sobrepasan ese umbral, con lo que el Gobierno obligará a que las personas los paguen ahora con tarjeta. ¿Y si un ciudadano es mayor y no está acostumbrado al uso de tarjetas? ¿Y si por tenerla se le pierde y le extraen el dinero de su cuenta? ¿Puede obligar el Gobierno a que todos los ciudadanos tengan que pagar una comisión por tener una tarjeta o a que los negocios tengan terminales para cobrar con ellas?

La mayoría de los ciudadanos tiene tarjeta y en la mayoría de los comercios se acepta el pago con las mismas, pero es una decisión individual de cada agente económico, no ha de ser nunca una imposición.

Con esta medida, el Gobierno ataca la libertad de elección de las personas, encarece los costes, perjudica al comercio y al conjunto de la economía y no se centra en el verdadero problema del fraude. Lo que tiene que hacer es perseguir dicho fraude con los controles necesarios y no incentivarlo con subidas confiscatorias de impuestos, y dejar vivir tranquilas a las personas eligiendo el medio con el que quieren pagar una televisión, un café, las vacaciones de verano o los regalos de Reyes, por poner algunos ejemplos. Esa capacidad de elección es una parte de la libertad de las personas, que una vez más, con tanto intervencionismo, es limitada por el Gobierno.