Podremos comprar las porras en Loewe

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  • Rosa Díez

Dicen las terminales propagandísticas de la pareja tóxica Sánchez/Iglesias que el acuerdo suscrito con los golpistas catalanes de ERC para que estos no desahucien a Sánchez de la Moncloa pretende la “armonización fiscal” en España.

Vamos a desmontar las falacias. A ver: todas las comunidades autónomas tienen autonomía para tomar decisiones sobre determinados impuestos dentro de los márgenes y del marco regulados en una Ley nacional. Dicho de otra manera: cada región utiliza su autonomía para determinar la política fiscal que consideran oportuna y todas ellas podrían aplicar la misma política fiscal que aplica la Comunidad de Madrid.

O sea, la Comunidad de Madrid no compite de forma desleal con nadie, simplemente utiliza su autonomía para favorecer, al parecer de manera más efectiva, el desarrollo de su Comunidad y el bienestar de sus ciudadanos. Su política fiscal -como su política frente a la pandemia, por cierto- está rindiendo beneficios a los contribuyentes madrileños -principalmente las clases medias- y además le permite recaudar y aportar a la caja común del Estado mucho más que otras regiones que acribillan con impuestos a los ciudadanos. Sólo a modo de ejemplo cabe recordar –no es opinión, es dato contrastable- que dese el 2009 Madrid aporta al estado 23.000 millones de euros más que Cataluña.

La segunda falacia a desmontar es esa de que el Concierto (régimen fiscal, este sí, particular del País Vasco y Navarra) no se puede tocar porque “está en la Constitución”, última consigna que han dado desde Moncloa para que los incultos la propaguen. La Disposición Adicional Primera de la Constitución dice: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de Autonomía”.

La peculiaridad principal del Concierto es que las Haciendas forales (las tres vascas y la navarra) recaudan casi la totalidad de los impuestos, excluyendo las cotizaciones sociales, y posteriormente transfieren al Estado una parte de sus ingresos para financiar las competencias que mantiene el Estado y que se calcula tomando en consideración el coste de las “cargas no asumidas” por las instituciones vasca y navarra, el peso de la CCAA dentro del PIB, del déficit público y al ajuste a consumo del IVA. Ese cupo se negocia entre administraciones y se aprueba por ley cada cinco años y, por tanto, cada cinco años podía modificarse el porcentaje a pagar al Estado.

Pues bien, el cálculo del Cupo vasco y navarro (6,24 y 1,6% respectivamente) permanece inamovible desde el 29 de diciembre de 1980, fecha en la que la Comisión Mixta formada por el Gobierno de España y del País Vasco llegaron a un acuerdo sobre la Ley del Concierto. La delegación vasca consiguió en aquel momento que en el acta de la reunión (que no en la Ley) se incorporara el cálculo “provisional” a que antes he hecho referencia, lo que comprometió al Gobierno de España y se transformó en  la primera Ley del Cupo en 1982.

Cuando se levantó la reunión, al filo de la medianoche, la delegación vasca llamó a Garaikoetxea para darle cuenta del acuerdo final. Ante las preguntas del lehendakari, Emilio Guevara, entonces diputado general de Álava, fue el encargado de explicarle lo que suponía concretamente el cálculo del Cupo, el inalterado del 6,24%: “Lehendakari, con este Cupo vamos a poder comprar las porras de los ertzainas en Loewe…”. Y así seguimos.

El cálculo del Cupo siempre ha sido fruto directo de una negociación política que después simula ser aplicación directa de la Ley del Concierto. Primero acuerdan lo que el País Vasco debe pagar (en 2017 fueron 1.300 millones al año) y después se “visten” los datos para aparentar que se cumple la Ley. Aunque en el acuerdo que estará en vigor hasta el año 2021 se corrigió en parte la valoración de las competencias no transferidas –uno de los tradicionales apaños para pagar menos- y ese cambio de valoración hubiera supuesto un aumento del cupo de 1.800 millones de euros más al año, la ampliación de la base quedó prácticamente anulada tras restar el déficit público. Otro apaño para pagar menos es la forma de calcular el ajuste del IVA, que se sigue sustentando sobre valores desfasados ya que se sobrevalora el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. Como recordó al analizar el acuerdo uno de los mayores expertos en la materia, Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), el ajuste a consumo del IVA ha tenido tradicionalmente poco que ver con la contribución real del consumo y la producción entre el País Vaco y el resto de España. Y el del año 2017 «mantiene los mismos coeficientes técnicos para el ajuste a consumo del IVA que se han usado desde hace décadas, perpetrando el problema existente con este ajuste en perjuicio del Estado…». La conclusión es que, una vez más, ni siquiera se cumplen los criterios que fija la propia Ley de Concierto y que el Cupo se reduce en más de 250 millones de euros líquidos al año.

Como se ve, en cada revisión quinquenal se puede establecer la cantidad que es justo aportar a la caja común; pero si pagaran el Cupo justo el Concierto dejaría de tener interés para los nacionalistas, porque lo que no debemos olvidar es que cuando un nacionalista apela a esa peculiaridad “histórica” lo que está defendiendo es un privilegio. Y por eso el Cupo no se ha tocado desde 1980. Y por eso el acuerdo de la Comisión Mixta que establece cada cinco años cuánto debe pagar el País Vasco al Estado no se puede modificar en las Cortes, aunque afecte a todos los españoles.

A diferencia de la política fiscal del Régimen Común- en la que las CCAA tienen márgenes para moverse y todas pueden aplicar la misma fiscalidad que Madrid y aportar a la caja común lo que corresponde- es imposible que un Cupo calculado en base a criterios políticos (cuánto quieres para aprobarme los Presupuestos, que ha sido la dinámica  a lo largo de los años) pudiera aplicarse en el conjunto de España, pues no saldrían las cuentas y el Estado quebraría. Por eso el sistema es un privilegio: porque no pueden disfrutarlo el conjunto de los españoles.

Por eso es un insulto que hable de justicia, de libertad o de igualdad un tipo como Sánchez que sostiene su Gobierno en base a sus políticas sectarias y supremacistas y que se ha conjurado en un pacto de sangre con toda la gentuza que quiere destruir el sistema de libertades y la democracia.

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