El pacto con ERC incentiva los conflictos

Imaginen que las ideas liberales que tanto predicamento tienen en la sociedad madrileña fuesen a más. Un buen día Vox propone que Madrid, además de diseñar parte de sus impuestos (el tramo autonómico del IRPF, Sucesiones, Donaciones, Transmisiones etc), pueda diseñar su gasto. Al amparo de esa propuesta, propone que el sistema de salud actual se sustituya por uno como el que usa el Estado para los funcionarios (MUFACE): cada madrileño tendría derecho a una cantidad de cobertura, y se la gasta en la Sanidad estatal o bien en una sociedad privada que reciba la cantidad correspondiente. Fruto de ese rediseño, y de la eficiencia de la sanidad privada, el coste medio por asegurado se reduce. A ello le añaden un sistema de copago que reduce la demanda, bajando todavía más los costes. Por otra parte, en el nuevo sistema cada madrileño tendrá derecho a una cantidad que se puede gastar a su elección en un colegio privado o público.

Dada la caída considerable de la demanda en la enseñanza pública, y de otros recortes como el cierre de Telemadrid, varios chiringuitos etc, el gasto cae un 10%, que se aplica íntegramente al IRPF: los madrileños pasan a pagar en su tramo autonómico la mitad que el resto de los españoles. La propuesta es tan irresistible que Ciudadanos y el PP la acogen con entusiasmo. Ayuso se convierte en la gran líder del proceso.

Un buen día Ayuso acude a entrevistarse con Pedro Sánchez para plantearle el proceso madrileño de liberación fiscal. La propuesta es rechazada por el resto de España, especialmente por Cataluña y la Comunidad valenciana, que no resistirían la competencia que esto le podría plantear. El Presidente se niega a apoyarla. A partir de entonces Madrid decide proponer su plan, que no secundan casi la mitad de los madrileños, en un referéndum ilegal. El referéndum se celebra organizado por la comunidad autónoma. Participan solo los partidarios y arrasa el sí. Se celebran entonces elecciones generales. PP, Cs y Vox obtienen casi el 60% de los escaños en la Comunidad de Madrid. Se da la circunstancia de que ganan las derechas a nivel general, y los diputados por Madrid supeditan su apoyo a una mesa de negociación bilateral entre la Comunidad de Madrid y el Estado. La izquierda dice entonces que eso rompe la Constitución, y grandes manifestaciones por toda España (incluyendo Madrid) contrarias a la liberación fiscal recorren las calles en defensa de los servicios estatales y pidiendo al Gobierno de España que no ceda…

El ejemplo propuesto sería igualmente aplicable al caso de que Galicia pidiese un pacto energético para tener tarifas eléctricas diferentes, que los menores de 40 decidiesen salirse de la Seguridad Social, o que los hippies quisiesen crear la república autogestionaria del maestrazgo. Cualquiera de esas opciones es lícita, pero hay un cauce para defenderla: hacerse hueco en las Cortes, cautivar a una mayoría, y lograr las reformas pretendidas, sea cambiando leyes o cambiando la Constitución. Fuera de ese cauce, está la guerra, la guerrilla, la revolución o los golpes de Estado.

Aceptar, como ha aceptado el PSOE sobre el papel, elevar a categoría de conflicto el proceso político catalán, y crear un órgano ajeno a la Constitución para decidir cosas que deben pasar por las Cortes, puede producir los mismos efectos que un golpe de Estado (aunque nos lo presenten en tono de artificio, con la colaboración de José Mota en RTVE). El problema del camino elegido es que se le acaba de decir a cualquier minoría que, si quiere algo y no goza de los requisitos constitucionales para conseguirlo, lo que debe hacer es montar un conflicto y pedir un órgano político ad hoc. Un camino muy peligroso para la paz y el orden constitucional.