Navajas y Justicia

Esta semana el Tribunal Supremo se pronunciará sobre el archivo del Caso Casado. Todas —todas— las fuentes consultadas por este cronista coinciden en que además lo hará a favor. Es decir: que suscribirá la decisión de fiscal Navajas, refrendada como se ha escrito en este diario nada menos que por fiscal general del Estado, la ultraizquierdista —muy simpática eso sí— María José Segarra. Naturalmente que el informe de Navajas y sus compañeros ha causado una brutal decepción en el Gobierno que el mismo jueves daba por hecho una resolución en sentido contrario. Sánchez y sus ministros estaban trabajando a tope para averiguar detalle, el mínimo vericueto sospechoso con el que fundar lo que de antemano estaba decidido: urgir a la retirada de Casado de la vida pública. De aquí su enorme decepción, su rabia apenas controlada.

Y, claro está, la Oficina de Agitación y Propaganda de Sánchez que dirige no su secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver, sino el dúo formado por la vicepresidenta Carmen Calvo y el gurucillo Iván Redondo  —sus correos de ida y vuelta no descansan— se puso en marcha para escudriñar hasta la última mota en la toga del fiscal responsable del caso: Luis Navajas. Y, ¡vaya por Dios! Otro fiasco. Nada que echarse a la boca. Resulta que el fiscal Navajas tiene una vida profesional agitada, pero no precisamente en complicidad con la feroz derecha española, sino más bien al contrario. Veamos dos episodios de su trayectoria jurídica. En 1989, el fiscal Luis Navajas, entonces destinado en San Sebastián, provocó una conmoción nacional acusando a un grupo de guardias civiles del cuartel de Inchaurrondo nada menos que de corrupción y de complicidad con los narcotraficantes que a la sazón bailaban en total libertad por el País Vascos como si fueran el director del Ballet Nacional, Nacho Duato. Intervino, ¿saben quién? El juez Fernando Andreu, hoy en la Audiencia Nacional, que después de algunas investigaciones de trámite, apoyó un contrainforme de la propia Guardia Civil, y dio un sonoro y polémico carpetazo al escándalo.

Años después, el fiscal Navajas volvió a armarla. Otro fiscal en excedencia, Ignacio Peláez, muerto el año pasado, denunció unas prácticas repulsivas del juez Garzón. Este, más chulo que nunca, grababa con impunidad las conversaciones de los abogados de Gürtel y compañía aposentados provisionalmente en la cárcel. Peláez persiguió al juez estrella, a la sazón embelesado hasta el ridículo con la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, y fue de éxito en éxito hasta que el Consejo General del Poder Judicial le apartó de la carrera. Pues bien, fue fiscal del asunto Luis Navajas que, contra todas las luces de la razón, y a opinión de muchísimos de sus colegas, se colocó inequívocamente en el bando de Garzón. En aquellos días, una fiscal Antidroga me confesó: «Navajas se ha quedado ya inservible».

Pues iba a ser que no y ahora ha ofrecido otra de sus sorpresas habituales. Es un juez-yenka, que va de derecha a izquierda según leal saber y entender, y que ahora le ha pegado un mamporro espectacular a todo un Gobierno que creía haber encontrado en el master  que nunca fue de Pablo Casado la oportunidad de oro para terminar con las aspiraciones del líder del centroderecha español. Pero, ¡ojo! El partido no ha terminado; a estas horas la AGIP de La Moncloa ya estará trabajando para enviar a sus conmilitones mediáticos —básicamente a la pobre Rosa María Mateo—, material de desecho, residuos sólidos para frustrar la ambición de Casado. ¡Ojo! Quien haya pasado alguna vez por un tribunal convendrá que en España hay más jueces que Justicia.