Malversación es robo y corrupción

El diccionario define la malversación como el delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen (roban) o consienten que un tercero sustraiga (robe) caudales o efectos públicos que tienen a su cargo. Nuestro Código Penal amplía y matiza esta definición como el delito contra la Administración Pública en el que un funcionario o autoridad se apropia (roba) del dinero público de manera indebida o lo administra de forma desleal. En el delito se produce una administración desleal, un abuso de autoridad o una apropiación indebida (robo) del patrimonio de la Administración Pública. Podemos simplificar todo esto si decimos que la malversación es un tipo de robo que se concreta cuando el que lo comete es una autoridad o funcionario y lo robado es el patrimonio público que administra, con indiferencia de que lo robado acabe en su bolsillo, el de su partido o alguna causa en la que tenga tal interés personal, como para comprometerse a cometer un delito para beneficiarla.

Por tanto, el malversador es, claramente, un ladrón con la agravante de que nos roba a todos los que con nuestros impuestos hemos aportado los fondos robados. Y está claro que un ladrón es un corrupto como la copa de un pino, en el sentido de que la corrupción consiste en la mala utilización de las funciones de los políticos o funcionarios que usan su poder en provecho de sus propios intereses. Tan corrupto es, por tanto, el que nos roba a todos para enriquecerse él, como el que nos roba para, con ese dinero, mantenerse en el poder financiando sus campañas electorales o promocionando cualquier causa política que, finalmente, va a tener una influencia electoral directa o indirecta.

Es una milonga esto que dicen ahora los políticos del Partido Sanchista y sus socios golpistas de ERC de que van a reformar el delito de malversación, para diferenciar a partir de ahora los casos en que haya ánimo de lucro y los que no, con penas más bajas en este segundo supuesto, que es lo que ellos dicen que ocurrió en las condenas de Junqueras y compañía, que fueron condenados por el 1-O en lo que Rufián califica como un «conflicto político», que debe ser abordado como tal y no en los juzgados. Es evidente que «ánimo de lucro» existe siempre que alguien se corrompe y roba, sólo que hay distintos tipos de lucro. Pero lo mismo se lucró Iñaki Urdangarin cuando usó el Instituto Nóos para robarnos el dinero con el que mantener su altísimo nivel de vida, como los senadores y diputados del PSOE que nos robaron para, a través de la empresa Filesa, financiar ilegalmente a su partido en los años 80.

No existe ningún argumento para justificar que sea peor la corrupción del ladrón al que pillan con bolsas de dinero en su casa que la del ladrón que ya se ha gastado esas bolsas con nuestro dinero en su campaña electoral, o la corrupción del ladrón que ha usado esas bolsas de dinero, como en los ERE, para generar una trama que les permita comprar votos y voluntades y así mantenerse indefinidamente en el poder. Ni tampoco es diferente el lucro que ha obtenido el independentista catalán, que se ha corrompido robando nuestro dinero para financiar con esas bolsas de dinero un referéndum de autodeterminación ilegal que en realidad lo único que persigue es beneficiar los intereses electorales de esos políticos corruptos y ladrones. Si acaso cabe hacer alguna distinción, habría que agravar las penas de estos últimos corruptos que, además de robarnos, usan nuestro dinero en su beneficio propio de romper nuestra nación.