La ‘invasión ucraniana’ de Sánchez

Hay una teoría muy asentada entre los intelectuales de la izquierda, según la cual la única legitimidad de las acciones políticas es la que está respaldada por el voto. Pero esta teoría entraña unos peligros enormes para la supervivencia de la democracia y sobre todo la garantía del bienestar común. Exprimida hasta el límite, es el pretexto para cuestionar los organismos independientes que forman parte de la vida pública y le proporcionan higiene. Primero, con el poder judicial, que si es elegido por cooptación -la menos mala de las alternativas- es considerado un atropello a unas presuntas aspiraciones ciudadanas ignotas que se aprovechan para impulsar una clasificación infame entre jueces ‘conservadores’ y ‘progresistas’ induciendo a los magistrados a retorcer la interpretación de la ley para satisfacer las exigencias partisanas de quienes los han designado en nombre de la malversada soberanía nacional.

Después, con el resto de las entidades independientes que pueblan la vida económica para asegurar el eficaz funcionamiento de los mercados. Me refiero a la comisión de la competencia, a la comisión de valores, a la autoridad de responsabilidad fiscal que nos impuso la Comisión Europea como condición para recibir el dinero destinado a rescatar nuestro sistema financiero e incluso al Banco de España. Todos estos organismos diseñados para asegurar la protección de los ciudadanos frente a la tendencia invasora del poder político de cada rincón del espacio público están en almoneda.

En una subcomisión del Congreso de los Diputados, el Partido Socialista ha votado con sus socios de legislatura en favor de una iniciativa para «orientar» la labor de estas autoridades independientes de manera que sus fines y objetivos se establezcan en función de las necesidades de cada momento y dentro de un marco de colaboración con representantes de toda la ciudadanía, porque lo contrario, es decir, lo que sucede ahora, sería algo así como minar la legitimidad del Gobierno, que emana de las sagradas urnas, y al parecer es soberano sin freno ni límite alguno, por mucho que las restricciones que nos impone por ejemplo la Unión Europea, a la que nos adherimos voluntariamente y pidiéndolo de rodillas indiquen lo contrario.

Esto es lo que ha sido aprobado en la citada subcomisión parlamentaria, pero lo que llegará más temprano que tarde al Pleno y no hay duda de que constituye el mayor torpedo en la línea de flotación del modelo democrático vigente hasta la fecha. En todos los países que lo inventaron antes que nosotros, y en particular Inglaterra y Estados Unidos de América, los políticos establecieron una serie de pesos y de contrapesos para evitar la colonización pretendidamente democrática de la vida civil. No me refiero solo a la imprescindible independencia del poder judicial, que se da por descontada, sino a otras instituciones cuyo propósito es evitar que ese pueblo iletrado, interesado, egoísta por naturaleza y ayuno de conocimientos económicos pusiera sus sucias manos en el conjunto del entramado institucional que da vigor y potencia a una nación. Esto es lo que explica que la política monetaria, es decir, la decisión sobre si subir o bajar los tipos de interés no pueda depender hasta ahora de gente como Pablo Iglesias y la tropa que bendice su ideología letal.

Esto es lo que explica también que la bolsa y los mercados de valores funcionen sin interferencias políticas que podrían causar un enorme quebranto a los inversores, más allá del natural y propio de la coyuntura.

Y principalmente, estas son las condiciones ineludibles para que la inversión pueda recalar en España: la seguridad jurídica y unas instituciones que funcionen al margen de la disputa partisana y que no responden al voto, sino a la pericia, la profesionalidad y el conocimiento técnico de quienes las dirigen. Lo contrario es endosar el futuro del país a un régimen asambleario con una supuesta pátina democrática del que jamás puede llegar nada bueno. Las instituciones independientes están pensadas para no recibir mandatos de nadie, no pueden recibir órdenes y están obligadas a resistir cualquier presión externa en todo momento. Con esto no quiero decir que nos encontremos en un mundo ideal, pero sí que desde luego en el mejor de los posibles.

Ocurre por fortuna que en muchas ocasiones estas entidades extramuros del poder político adoptan decisiones que contrarían los postulados de los gobiernos, entorpecen la puesta en marcha de sus políticas, señalan la eventual comisión de abusos y de esta manera equilibran la inclinación a la dictadura democrática con la que estaría encantado el señor Sánchez. Es un hecho gravísimo que su partido, junto a toda la excrecencia de formaciones que le asisten y lo sostienen en la Moncloa haya votado en el Parlamento en favor de liquidar el único atisbo de decencia y de civilización que nos queda; que haya dado el visto bueno para acabar en primera instancia con las instituciones que todavía aguantan en pie la dignidad del Estado y que haya revalidado una vez más su implacable sesgo autoritario.

Irónicamente, en otros tiempos inspirados por el sentido común, el socialismo, a pesar de su resistencia inexorable a las leyes del mercado, entendía estos hechos tan elementales para el buen funcionamiento de la economía, y así fue con su primer presidente, Felipe González, el que aprobó en su momento la ley de autonomía del Banco de España, precisamente para acercarnos a Europa, objetivo que exigía ceder terreno y renunciar al monopolio absoluto del poder. No se comportó de la misma manera con el estamento judicial, al que dañó irremediablemente porque necesitaba imperiosamente invadirlo de colaboracionistas -los conocidos como magistrados progres- para imponer, después de Franco, una suerte de nueva dictadura y que a España no la conociera ni la madre que la parió. Desgraciadamente, Zapatero, después de González, sobrepasó todos los límites de la decencia, y ahora Sánchez está determinado a explotar la deriva genuinamente totalitaria del socialismo hasta límites inauditos.