Illa equipara la inmigración magrebí con la española

El presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, y la alcaldesa de Ripoll se las volvieron a tener en la última sesión de control del Parlamento catalán.

A este paso, Aliança Catalana sacará diez o doce diputados en las próximas elecciones. Illa le está haciendo la campaña gratis y erigiéndola, de facto, en jefa de la oposición. Al menos para el electorado más nacionalista.

En efecto, la última encuesta del CEO, el llamado CIS catalán, ya le daba ocho escaños. Ahora tienen apenas dos: uno por Gerona y otro por Lérida. Aunque ya estuvieron a punto de sacar un par por Barcelona. Les faltaron unos centenares de votos.

La verdad es que Illa la trata con desprecio. Ni siquiera puede disimular el disgusto, casi el asco, que le produce. En esta ocasión, el pique fue a raíz de que el Ayuntamiento de Ripoll ha prohibido el burkini en la piscina pública del municipio.

Supongo que ahora habrá sanciones porque el Gobierno catalán, entonces en manos de Esquerra, autorizó el vestido de baño integral en las piscinas públicas en junio del 2023. Fue a propuesta de la consejera Tània Verge, una catedrática de la Universidad Pompeu Fabra, como titular de la consejería de Igualdad y Feminismos.

A pesar de la contradicción de que un gobierno que se proclamaba «feminista» autorizara el vestido de baño integral en espacios públicos. Desde entonces, su uso ha proliferado en muchas piscinas municipales. Sobre todo en aquellas localidades con elevados porcentajes de población magrebí. En verano, en las comarcas de Lérida, se superan fácilmente los treinta grados.

La nueva consejera de Igualdad y Feminismo, la socialista Eva Menor -nótese el detalle de que ha caído una «s» del nombre del departamento- ya ha anunciado sanciones.

Por eso, Sílvia Orriols entró al trapo preguntando si la multarían. Como, en realidad, ya hizo el anterior ejecutivo con 10.000 euros por decir, entre otras cosas, que «el Islam es incompatible con los valores occidentales». «El Ayuntamiento de Ripoll ha hecho lo que tendrían que haber hecho hace mucho tiempo las administraciones superiores», aseguró.

Incluso salió en defensa de la «civilización occidental»y manifestó que lo que tendría que hacer el Gobierno autonómico es «garantizar que las playas y piscinas, cubiertas y descubiertas, no acaben siendo un espacio de normalización de esta indumentaria que estigmatiza y señala gravemente a la mujer».

«¿Usted, defensora de la mujer? ¿Qué broma es esta?», le replicó Illa nada más empezar. Hasta le reprochó las imágenes de Gaza y elogió a la diputada de ERC Najat Driouech, que viste el hiyab.

Pero antes de terminar, soltó esta frase: «Si siguiéramos sus planteamientos políticos, en Cataluña, ni extremeños, ni murcianos, ni andaluces, ni gallegos, ni madrileños harían podido integrarse». «Usted expulsa a la gente, usted practica un discurso de odio. Usted no es digna de representar Cataluña», añadió.

El presidente de la Generalitat equiparaba así la inmigración magrebí con la que llegó a Cataluña procedente del resto de España en los años 60 o 70.
Ni siquiera el presidente de Esquerra en los años 90, Heribert Barrera, muy criticado por sus opiniones sobre inmigración, llegó a tanto.

En un libro-entrevista publicado en el 2001, afirmó que «no se puede comparar de ninguna manera una inmigración subsahariana o magrebí con una procedente de Francia, España o Italia».

Suele ser un error habitual de la izquierda. Lo que explica también su descenso electoral en barrios populares, donde sus votantes -en contacto con la inmigración- acaban votando opciones políticas de derecha, derecha extrema o extrema derecha.

Basta ver lo que ha pasado en Francia. Los comunistas franceses alcanzaron cuatro millones de votos con Mitterrand. Se hicieron con cuatro ministerios: Transportes, Sanidad, Función Pública y Formación Profesional. Ahora tienen doce diputados -de 577- diluidos en la Francia Insumisa.

Otro ejemplo. Hace una semana el Parlamento catalán aprobó una declaración institucional -con los votos del PSC, Junts, ERC, Comunes y la CUP- de condena del incendio de la mezquita de Piera (Barcelona), previsiblemente provocado.

Por supuesto, toda acción de violencia es condenable aunque no sé si se hubiera quemado una iglesia habrían reaccionado igual. La CUP, cuando era socia parlamentaria de Junts y Esquerra, protagonizó desde un «beso lésbico» delante de la Moreneta en Montserrat a hacer pintadas en templos religiosos. Y que conste que yo no pasé de la primera comunión.

La cámara autonómica defendía, en el texto, los «valores de acogida» y cargaba contra «los discursos de odio cada vez más frecuentes», en una velada alusión a Vox y a Aliança Catalana.

También revelaba, de paso, que la población magrebí roza el 7% -un porcentaje superior en muchos barrios y localidades- y que hay más de 300 mezquitas. En su opinión, son “espacios de socialización y participación para muchos vecinos”. Tengo mis dudas de que vayan no musulmanes.

Terminaba elogiando «la convivencia que siempre ha definido este municipio». Tampoco es así porque, en mayo, atacaron un centro de menas de la localidad, otra acción execrable, después de una pelea entre menores extranjeros y jóvenes de la población.

Pero si la relación entre inmigrantes y autóctonos fuera tan idílica como dice el Parlamento catalán, Vox no tendría once diputados en la cámara autonómica ni Aliança, dos. En el primer caso -y en el segundo- puede ser atribuible también al procés.

Hasta Junts está girando ahora a marchas forzadas, a la vista de las perspectivas electorales de Aliança Catalana, su opinión sobre la inmigración. En el 2023, todavía se manifestaban delante del CIE de la Zona Franca para pedir su cierre.