¿Fiscal general o abogada defensora de los golpistas?

Molesta por el hecho de que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, no le advirtiera del escrito que habían preparado los fiscales del 1-O para impugnar los permisos penitenciarios de los golpistas a través de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, la fiscal general, Dolores Delgado, armó uno de esos escándalos propios de quien sabe que su cargo tiene como misión expresa servir a los intereses de su jefe, Pedro Sánchez. Delgado sabe «de quién depende la Fiscalía. Del Gobierno. Pues eso».

El teniente fiscal no está obligado a informar sobre los procedimientos relacionados con el procés a la fiscal general, dado que ésta debe abstenerse de estos asuntos relacionados con su etapa al frente del Ministerio de Justicia. Obviamente, a ella lo de abstenerse no le va, porque Pedro Sánchez la nombró fiscal general precisamente para que tomara parte y encauzara convenientemente los asuntos relacionados con los presos golpistas.

Eso de que los fiscales del juicio del referéndum ilegal se opusieran, en un escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, a otorgarle a los presos independentistas beneficios que les permitían salir de prisión no sentó nada bien a Dolores Delgado, que formalmente es fiscal general, pero su trabajo se asemeja más al de abogada defensora de los golpistas.

El Ministerio Público sentenció que se trataba de un tercer grado encubierto porque, explicaban, «es un instrumento finalista y de naturaleza excepcional que permite combinar aspectos de distintos grados» a los condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión por delitos de malversación y sedición. Todo un dolor para Delgado, que está empeñada a toda costa en rebajar la firmeza de los fiscales contra los políticos presos catalanes.

Los fiscales alegaban que con estos privilegios se les estaba otorgando un tercer grado a los golpistas tan sólo nueves meses después de cumplir la condena. Un extremo que finalmente se ha terminado ejecutando porque, tal y como temían los fiscales, las juntas de tratamiento penitenciario –dependientes del Govern de Quim Torra– finalmente han concedido a los nueve líderes independentistas el tercer grado, conocido como régimen de semilibertad. El Ministerio Público tramitará el recurso del régimen  aprobado por las cárceles catalanas porque es «prematuro» y los líderes independentistas «no se han arrepentido» del delito cometido, tal y como adelantó OKDIARIO.

Saben que no cuentan con el apoyo de la fiscal general, porque ella no sirve al interés general, sino al exclusivo interés de su jefe: Pedro Sánchez