La embriaguez del gasto público

Nada es gratis, escribía yo en un artículo publicado en OKDIARIO en enero de este año. Todo tiene un coste, que pagan los ciudadanos con sus impuestos. Por eso, los servidores públicos, entre los que se cuentan los políticos, han de ser extremadamente cuidadosos con la gestión de los recursos públicos, porque son recursos que aportan, con su esfuerzo, los administrados.

Sin embargo, la tendencia al gasto parece ser infinita. Toda la economía está embriagada de gasto público. La economía europea, en general, pero la española, especialmente y en particular, están viviendo por encima de sus posibilidades. Se ha instalado en el gasto permanente, en convertir en derecho toda necesidad, en buscar que se le financie cualquier actividad. Es una sociedad que, claramente, no mide cuáles son sus posibilidades de devolución de la deuda que asume con el desequilibrio generado por el exceso de gasto, que actúa de anestesia ante esta situación.

Hace años, era impensable que se financiasen con dinero del contribuyente tantas actuaciones de gasto como las que ahora se llevan a cabo, desde la subvención casi completa de billetes de transporte, a entradas culturales o demás medidas populistas. Con ello, se pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y, con ello, la financiación de los servicios esenciales, que sí que es imprescindible poder ofrecer, como una sanidad universal, una educación que permita que todos disfruten de igualdad de oportunidades, una justicia que funcione y un ejército que asegure la defensa nacional.

Igualmente, es lógico que se vertebre la actividad económica con una red de infraestructuras y sistemas de transporte que sean financiados en parte por el sector público, pero sin caer en la barbaridad que supone no cobrar casi nada por ello, porque sólo conduce a la insostenibilidad de dichos servicios. Por ejemplo, si el Gobierno de Felipe González no se hubiese obcecado en no dejar construir autopistas, habríamos tenido esas carreteras construidas y financiadas por el sector privado, y mantenidas por el pago de los viajeros que las utilizasen, con la alternativa de las carreteras nacionales para quien no quisiese pagar un peaje. Como se negó a ello, acabó con la alternativa de las carreteras nacionales y ahora, tras haber sido pagadas con fondos públicos, el Gobierno quiere imponer peajes sobre las mismas, sin contar ya con una vía de escape en la que no pagar.

Vivimos por encima de nuestras posibilidades como economía, pues no generamos lo suficiente para poder sufragar los gastos que se ejecutan, de ahí el alto endeudamiento español, que va camino de convertirse en estructural, sostenido gracias al respaldo del BCE, sin el que no se podría mantener en esos niveles. La respuesta política a este desfase es ordenar subidas de impuestos, que asfixian más a la población. Quieren llegar a una confiscación extrema, que mermará la renta disponible de los agentes económicos y nos empobrecerá. Y si se sugiere reducir el gasto, enseguida el político de turno dice que «dígame qué servicios recortaría usted»; la respuesta es sencilla: «Deme la relación completa del presupuesto y diseñémoslo en base cero». No se trata de los coches oficiales ni gastos de esa entidad, que suman poco. El problema es el malgasto permanente en muchas subvenciones que no sirven para nada y que dilapidan gran parte del presupuesto.

Todo ello, impulsado por el Gobierno de la nación, que presume de contar con los presupuestos más expansivos de la historia (por el lado del gasto) y más contractivos (por la vertiente de la subida de impuestos).

Llegará un momento en el que no podamos afrontar este permanente desequilibrio, cuando se acabe esta embriaguez del gasto y entonces el despertar será brusco, lleno de recortes a los que nos habrán empujado todos los gestores que gastan sin límite y que nos hacen vivir por encima de nuestras posibilidades.