La devastadora política económica de Sánchez

Desde que fue investido presidente del Gobierno, tras la moción de censura de mayo de 2018, Pedro Sánchez ha aplicado una política económica que se ha alejado de los parámetros establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, relativo a las condiciones para mantener una convergencia económica que hiciese posible la convivencia armónica de los países que integran el euro en materia económica, elemento imprescindible al haber entregado todos ellos la política monetaria y mantener la política fiscal.

Esos criterios nunca fueron un capricho, sino la forma de asegurar que las medidas de política monetaria que tomase el Banco Central Europeo, que lo hace en función de lo que más conviene a la media de la eurozona, afectasen a todos los países por igual; la única manera de garantizarlo era que todos los países se comportasen de manera muy similar.

Sin embargo, desde que Sánchez fue elegido, la política económica de España sufrió un cambio completo: modificó los objetivos presupuestarios para 2018 y 2019 y elevó el gasto. Eso hizo, por ejemplo, que el objetivo de déficit para 2019 negociado por Rajoy con Bruselas, que era del 1,3%, pasase a ser del 2% al llegar Sánchez. No obstante, el incremento que Sánchez le imprimió al gasto fue tal que la UE siempre consideró que el déficit sería todavía mayor, cerca del 2,2%. El propio Banco de España llegó a estimar un 2,5%. 

Entre esos gastos, se incluyen todas las rigideces que fue introduciendo Sánchez, la mayoría en los consejos de ministros de los viernes, que él llamó sociales y la oposición tildó como electorales. Todas esas medidas incrementaban el gasto en 9.025 millones de euros, con el siguiente desglose:

• • Igualdad: 1.000 millones.
  • Estiba: 225 millones.
  • Flexibilización del gasto de Corporaciones Locales: 6.200 millones (la suma del superávit de las CCLL, que ahora, con la flexibilización, iba a permitir gastar en 2019 y que ahora, con la crisis del coronavirus, les niega para compensar el déficit de la Administración General del Estado a la hora de presentar el saldo conjunto del Reino de España).
  • Ayuda a mayores de 52 años paro de larga duración: 1.600 millones.

Adicionalmente, la subida artificial del salario mínimo un 22,3% en 2019, más el incremento de 2020, destruyó empleo (casi 205.000 afiliados a la Seguridad Social en enero de 2020), que sólo por estabilizadores automáticos incrementó el gasto (más prestaciones por desempleo) y disminuyó los ingresos (caída de recaudación por menor actividad), elementos que agrandaron el déficit.

Así, del 1,3% pactado con Rajoy y el 2% anunciado por Sánchez, España comunicó un déficit del 2,64%. Sin embargo, pocos días después Eurostat se lo corregía a 2,82%, en un hecho poco común, que debilitó aún más la credibilidad del Gobierno.

Todo ello hizo que Sánchez sobrepasase el objetivo acordado por Rajoy con Bruselas en 1,52 puntos porcentuales, equivalente a 18.913 millones de euros. Es decir, las medidas de dichos viernes tensaron el gasto, pero no sólo ello, sino que mantuvo una política de aumento estructural del gasto, como el abandono del factor de sostenibilidad de las pensiones y su retorno a la indexación al IPC, que aumentaba el déficit de la Seguridad Social y, al agregarlo, el del conjunto de España, además, de manera estructural.

De nada sirvió que Bruselas le pidiese que redujese 0,65 puntos el déficit estructural, pues el mejor resultado de España -o el menos malo- se debía al ciclo económico y su mayor recaudación, lo que dejaba a España más vulnerable en cuanto cambiase el ciclo económico: Sánchez nunca lo redujo.

Con la crisis del coronavirus, Sánchez actuó tarde y mal en las medidas de prevención, que podría haber adoptado en enero, de manera que con medidas más suaves habría podido evitar tanto contagio y el colapso de la sanidad, lo cual habría impedido que falleciesen tantas personas y no habría sido necesario cerrar la economía. Sin embargo, su imprevisión le llevó a decretar el cierre productivo de casi toda la actividad económica. Su lento plan de reapertura, la inseguridad jurídica creada al hablar el Gobierno de nacionalizaciones -Iglesias y Garzón-, de subida de impuestos -que afectarán negativamente a la economía-, la derogación de la reforma laboral pactada con Podemos y con el antiguo brazo político de ETA, y la imposición de una cuarentena a los viajeros extranjeros, hacen que el horizonte de recuperación español sea menos intenso y más largo que el de nuestros socios de la UE, que unido a la más baja productividad de la economía española provoca que el mercado de trabajo se resienta más que el del resto de países comunitarios. Bruselas le pide reformas estructurales y Sánchez les muestra una involución en las reformas existentes. Mal camino para recibir la ayuda europea.

Todo eso, aparte de los datos terribles de desempleo que hemos conocido esta semana, dibujan una senda económica de caída libre, fruto no sólo de la crisis del coronavirus, sino de la intensa ralentización existente antes de dicha crisis y de las malas expectativas generadas y el freno completo a la actividad y al empleo fruto de la gestión del Gobierno, equivocada.

Así, desde que gobierna Sánchez, éstos son los resultados económicos:

• La creación de empresas cae un 23,4%.
• El índice de producción industrial es un 20,1% menor.
• La cifra de negocios de la industria es un 16,5% menor.
• La actividad del sector servicios cae respecto a entonces un 18,3%.
• El comercio minorista desciende un 32,3%.
• El número de viajeros es un 73,8% inferior, la igual que las pernoctaciones.
• Las hipotecas sobre viviendas caen un 15,9%.
• La inversión extranjera se reduce un 66,4%.
• El número de parados aumenta un 18,6%.
• El paro juvenil se incrementa un 27%.
• Hay 359.539 afiliados menos y 40.491 autónomos menos que los que recibió Sánchez.
• Hay una deuda 66.906 millones más que entonces (y eso que todavía no se recogen los efectos posteriores al inicio de la crisis, salvo quince días de marzo).

En definitiva, la situación es preocupante. Es cierto que gran parte de esos datos se han visto deteriorados por la crisis derivada del coronavirus, pero eso no quiere decir ni que la economía no estuviese ya empeorando antes ni que el agravamiento no sea responsabilidad del Gobierno.

Ya que se ha equivocado en la previsión de la crisis y en sus actuaciones económicas previas a la misma, al menos todavía puede rectificar en la reapertura y acelerarla, mantener la reforma laboral y no subir impuestos, porque, como vemos, el deterioro de la economía y el empleo es incesante, y para que hayamos tocado fondo hace falta que de inmediato se reabra toda la actividad económica, para, así, poder recuperar de la manera más rápida y robusta posible el crecimiento económico y, con ello, los puestos de trabajo. Si el Gobierno no lo hace, la situación económica de España será comprometida, con una destrucción muy elevada de puestos de trabajo, fruto de una devastadora política económica, la que aplica Sánchez, exacerbada, además, por el tinte comunista radical que ha adoptado al imponer las tesis de Iglesias frente a Calviño.