Las cuotas que el Gobierno pretende imponer a los autónomos son un expolio

Las cuotas que el Gobierno pretende imponer a los autónomos son un expolio
Las cuotas que el Gobierno pretende imponer a los autónomos son un expolio

Lo que pretende hacer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, con los autónomos es el mayor atentado contra un colectivo al que el Gobierno ha colocado en el punto de mira. Y es que la intención del ministro es doblarles el próximo año la cotización. Por ahora, Escrivá se ha reunido con las asociaciones de autónomos amigas, las adscritas a los sindicatos  UGT y CCOO, UPTA y Uatae, dejando inexplicablemente a la espera a ATA, la principal asociación que preside Lorenzo Amor. Según la nueva propuesta del Ministerio, Escrivá quiere que en 2023 los autónomos que declaren unos rendimientos netos superiores a los 2.760 euros al mes paguen el doble: o sea, 600 euros al mes frente a a los 294 euros que abonarían ahora si se acogen a la tarifa mínima. Para los autónomos que declaren unos rendimientos netos de entre 1.700 y 2.760 euros al mes, la nueva cuota propuesta es de 540 euros mensuales. Sólo saldrían ganando, y muy poco, los autónomos que tengan unos rendimientos netos inferiores a 1.125 euros, que pasarían a cotizar por entre 238 y 270 euros mensuales.

Basta con echar cuentas para darse cuenta de que lo que pretende el ministro es una medida confiscatoria, un expolio, una brutalidad de tal calibre que, de llevarse a efecto, provocará de inmediato que muchos autónomos se den de baja. Crecerá la economía sumergida y no porque los autónomos sean un colectivo sospechoso, sino porque las condiciones que les impone el Gobierno son tan abusivas que no les saldrá rentable seguir cotizando. Convertir a los autónomos en trabajadores de segunda categoría es un dislate, una injusticia en toda regla. El plan de Escrivá es una aberración se mire por donde se mire y alguien debería decirle al ministro que un hachazo de tal calibre a un colectivo especialmente maltrecho atenta contra los derechos de millones de personas obligadas no a trabajar para vivir dignamente, sino a trabajar para cotizar por la burrada que les impone un Gobierno que ha perdido el sentido de la realidad.

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