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Las maneras e ideas de Diego Cañamero son un ejemplo más de que Podemos practica la más vieja política. Además del esperpento populista que supone presentarse en el Congreso de los Diputados con una camiseta a favor del violento y encarcelado Andrés Bódalo, el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) quiso ganar votos en las elecciones andaluzas de 2015 a base de prometer que eliminarían las peonadas en el cobro de los subsidios agrarios. Una táctica casi tan antigua como nuestra democracia reciente si tenemos en cuenta que el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), más conocido como Plan de Empleo Rural (PER), viene de 1986. Cañamero, que pidió tanto a Pablo Iglesias como a Teresa Rodríguez que lanzaran el mensaje en plena campaña, no especificó, sin embargo, cómo sufragaría ese aumento del gasto público. Una dinámica habitual en las estrategias políticas y comunicativas de los morados, más centrados en abonar utopías que endulcen el oído de la masa que en establecer realidades que redunden en el bienestar tangible de los ciudadanos.

Un hombre del campo como él no quiso, no pudo o no supo poner sobre la mesa las líneas maestras para abordar el verdadero y necesario debate sobre el campo: productividad y modernización. Un sector necesitado de una urgente renovación y donde más del 90% de sus trabajadores son mayores de 40 años. Tampoco dio pista alguna sobre cómo mejorar las condiciones del trabajo o los mecanismos para establecer unos precios y costes justos que fomenten la dignidad del empleo y la dinamización del negocio para así situarlo en el siglo XXI. Muy al contrario, se ocupó del electoralismo más añejo, del mensaje simple y cortoplacista, con la intención de asegurarse el voto cautivo de los subsidiados.

Unas rentas que durante años tan sólo han servido para subdesarrollar un sector clave en Andalucía y España así como para propiciar el aguaje de la economía sumergida, ya que, dada su escasez, muchos trabajadores declaraban peonadas falsas o trabajaban ilegalmente en otras actividades mientras recibían estos ingresos sin declaración alguna a la Hacienda pública. En una comunidad autónoma donde la tasa de paro está en el 35%, lo que menos necesitan sus habitantes son las ocurrencias de un hombre anclado en el siglo pasado. Más preocupado por asegurar una dádiva con rédito electoral que de dar las herramientas necesarias para el óptimo desarrollo de un sector clave como la agricultura.