Cómo estropear el acceso a la vivienda

El mundo de los conserjes, o el de los porteros, como se les llamaba antes, es singular. La mayoría es de izquierdas. Y tiene su explicación. Se dedican a cuidar fincas de gente con más poder adquisitivo y eso genera anticuerpos o, por decirlo de otra manera, una cierta conciencia de clase en contra del capital, no importa que gracias a él puedan tener un trabajo y una vida digna. Genera a menudo resquemor y resentimiento.

Hace unos meses, uno de estos porteros que desayuna a diario en el mismo bar que yo llegaba encantado proclamando a voz en grito que el Gobierno iba a aprobar la primera Ley de Vivienda desde los tiempos de Franco, siempre presente entre los socialistas. Estaba realmente feliz, porque este es de los que piensa que, una vez convalidada la norma, todo Dios tendrá acceso a un piso, sus hijos, sus nietos, en fin. Es de los que se creen aquello que estableció irresponsablemente la Constitución: el derecho a la vivienda, que como todo lo que es de imposible cumplimiento no existe -por mucho que se empeñen los políticos-; que es inhábil, además de un atropello al sentido común porque sólo son derechos aquellos que está en condiciones de garantizar el poder publico, y es evidente que, por desgracia, no todos los ciudadanos poseen una vivienda ni es posible que la tengan por mucho que diga la Carta Magna.

Es obligado que el Gobierno de turno impulse toda la clase de políticas que se le ocurran y estén en su mano para facilitar que los paisanos tengan una residencia, pero esto no asegura el acceso universal a un inmueble, e incluso depende del tipo de decisiones que se adopten, puede impedirlo, que es lo que probablemente sucederá en España.

Por ejemplo, la Ley de Vivienda que tiene pensado lanzar el Gobierno será un obstáculo de cara a conseguir sus nobles propósitos. Normalmente, las viviendas las impulsan los promotores y las hacen los constructores -a veces son la misma empresa- y, a partir de que se convalide la ley, ninguno de estos gremios o sectores contará con incentivos para aumentar el parque inmobiliario.

Los topes de precios para los alquileres, que ya se han ensayado con resultados nefastos en algunas capitales europeas como Berlín, restringirán la oferta. O provocarán otros efectos, como que buena parte de ella se dedique a la venta, o que sencillamente se incurra en el mercado negro, porque ningún propietario va a renunciar a obtener la remuneración que considera razonable por arrendar su propiedad, ni el eventual inquilino a renunciar a ella, si la encuentra aceptable, por una cuestión legal. Pagará una parte en B y todo arreglado.

La consideración que establece la ley para que el propietario de una vivienda deba ofrecer al inquilino que esté en una situación económica precaria un alquiler a bajo precio, un llamado alquiler social, equivale a una expropiación en toda regla. Es trasladar un problema público al sector privado vulnerando el derecho sagrado a la propiedad.

No existe además en España ningún índice de precios oficial que permita discernir qué zonas del país están tensionadas, o soportan una carestía insoportable de los alquileres y cuáles no, porque el precio de los arrendamientos se establece entre las partes sin intromisión de fedatario público alguno.

Y luego está toda la leyenda sobre su aumento desorbitado, que no se corresponde en absoluto con la realidad. Lo cierto es que salvo en Madrid, Barcelona, Málaga o las Islas Baleares, los precios del alquiler en España no han subido, o han aumentado despreciablemente desde 2010. Los precios del alquiler en nuestro país van a dos velocidades. En las zonas ya reseñadas se han incrementado, en el resto de ninguna manera. Para conseguir deprimirlos en aquellas áreas digamos tensionadas la única solución es aumentar la oferta. En esto Madrid tiene una ventaja insuperable en relación con Barcelona, atrapada entre la montaña y el mar.

En Madrid hay mucho suelo disponible y de notoria dimensión en trámites de ser urbanizado, como en Madrid Norte, en Valdebebas, en el antiguo estadio Vicente Calderón, en Alcorcón, etcétera. No es el caso de Barcelona pero incluso allí la solución jamás vendrá del establecimiento de topes al precio de los alquileres ni del castigo a los propietarios.

Todo este lío de la vivienda, ese que según el conserje del que les hablo iba a arreglar después de Franco el presidente Sánchez tiene que ver con el pecado original de este Gobierno de coalición. El socio, Unidas Podemos, proviene del sector. La mayoría de sus líderes ha sido activista antidesahucios y favorable a los movimientos de ocupación ilegal de viviendas. Cataluña es, a este respecto, el territorio natural para sus desmanes, pues no en vano estos son los siniestros orígenes de la alcaldesa Ada Colau, que ha convertido la capital en una ciénaga en la que chapotean los separatistas y los desalmados de toda índole, pero a la que su perroflautismo militante no parece causar castigo electoral. Allí en Cataluña, la vivienda es un terreno prohibido, y esta futura ley está hecha para satisfacer a los independentistas, a los nacionalistas y para impedir cualquier solución habitacional razonable a los demás.

En la antesala de la Ley de Vivienda, a la que se resistió el ex ministro Ábalos, que nunca ha sido del agrado de Calviño, que sabe que a Bruselas no le gustan las normas que intervienen los mercados, el Gobierno ha aprobado, mientras tanto, una ayuda para el alquiler de los jóvenes. No dudo de sus buenas intenciones pero sus efectos serán perjudiciales. Los contrarios. Si el mercado de un bien es inelástico, o rígido, como sucede con la vivienda, cualquier subvención se trasladará al precio del alquiler, que indefectiblemente subirá. Esta es una reacción de mercado incontestable, y así sucederá. Esto también se enseña en primero de Economía, lo que demuestra la escasa atención que prestaron a las clases correspondientes el doctor Sánchez o la señora Calviño.

Naturalmente el Gobierno confía en que esta iniciativa populista le dará votos, y el conserje de la finca del que les habló lo apoyará con más ahínco, pero lo que necesitan los jóvenes para estimular su autoestima, para fortalecer su moral y para labrarse un futuro es empleo. Necesitan un marco legal que propicie la creación de puestos de trabajo, circunstancia que por desgracia este Gobierno no tiene voluntad alguna de impulsar. Ni trabajo ni vivienda ni nada de nada. Este es el resumen perfecto de las políticas de Sánchez.

Por fortuna, el poder judicial ha detenido de momento la aprobación de la ley, por sus deficiencias técnicas y su ataque a la propiedad privada; la norma que rige en Cataluña, de la que hace seguidismo el proyecto en curso, está recurrida al Constitucional, todos los detalles que se conocen sobre la eventual regulación, que no piensan aprobar muchas de las autonomías concernidas, provocarán distorsiones regionales profundas, desviando la inversión a los territorios más confortables como Madrid; y en lo que respecta a los alquileres, inducirá una discriminación inaceptable a los jóvenes mayores de 35 años, que tendrán más dificultades para que los propietarios, sin la ventaja de la desgravación fiscal, tengan deseo alguno de ofrecerles una vivienda. Si cualquier persona, incluso poco avisada, se asoma a todo este esperpento montado en pos del progresismo universal con el pretexto de la vivienda no tendrá más remedio que concluir que estamos ante el equipo de más baja estofa de la democracia, ante el Gobierno más inepto antes conocido.