Colombia: cambiar la falsa narrativa por la legalidad

¿Debe haber ciudadanos en Colombia de mejor derecho que han sido criminales, y convivir con ciudadanos de menor derecho que han cumplido con la ley y sus obligaciones para con la nación, el país y el Estado durante toda su vida? ¿Por qué se debe cambiar la narrativa de la falsa paz, y dar inicio a una cultura de legalidad, convivencia y estabilización?

Reflexionemos: porque en ninguna democracia —y menos en la colombiana que llega a su bicentenario— puede existir, jurídicamente, un «conflicto armado». Ésta es una condición que —en derecho internacional— se da o bien en la ausencia de democracia y de un Estado de derecho representativo; o bien en las dictaduras o ausencia de legitimidad en el ejercicio del poder.

«Guerra» es, jurídicamente, el enfrentamiento entre dos Estados, dos países, dos naciones. «Guerra» no son las acciones de defensa de la institucionalidad democrática contra grupos alzados en armas —como la narcoguerrilla de las FARC—, que hacen uso del terrorismo y la violencia contra las personas de bien; de las Fuerzas Armadas constitucionales; de toda la sociedad y del Estado legalmente constituido.

En Colombia debe instaurarse una cultura de la legalidad porque esa narrativa concatenada —paz frente a guerra; conflicto armado frente a crimen organizado; estatus de beligerancia y legitimidad para delinquir; derecho de rebelión frente a legitimidad de la coercibilidad del Estado y uso constitucional y humanitario de la fuerza pública en favor del Estado de derecho y del imperio de la ley— degenera siempre en abusos contra las personas más indefensas de la sociedad (por lo general, en el medio rural); y finalmente porque se presenta y utiliza ilícitamente y con dolo.

La narrativa ideológica se usa para burlar la Justicia y para argüir lisonjeramente que «conflicto», «estatus de beligerancia» y «derecho de rebelión» justifican violaciones al Derecho Internacional Humanitario, a la Constitución, a los principios universales del derecho y al propio pacto social para dar paso a la figura de la conexidad del delito de narcotráfico con le delito político.

Un ejemplo del daño social que representa seguir en la misma narrativa es el que se aprecia en el documental ‘No hubo tiempo para la tristeza’. Es tanto más delicado en cuanto que ésa fue la política oficial del Gobierno de Juan Manuel Santos, copiada por el Centro Nacional de Memoria Histórica —que dirigía Gonzalo Sánchez y sus investigadores, que ahora pasan al Ministerio de Cultura— y que es el instrumento oficial estadístico y de consulta del llamado «conflicto».

En su poco más de una hora de metraje se aprecia claramente la forma como se justifica la declaración de «conflicto armado», el «estado de guerra» en Colombia, y pone a nuestros soldados como «actores armados del conflicto». Así, despojados de su institucionalidad y del derecho al monopolio del uso de las armas para perseguir delincuentes, los miembros de nuestro Ejército quedan al mismo nivel de los criminales a los que persiguen.

Esas perversas interpretaciones que se dieron durante los ocho años de su Gobierno son las que legitiman el Nobel de la Paz para Santos y deslegitiman la democracia y por, lo tanto, al Estado.

Luis Guillermo ‘Luigi’ Echeverri es empresario colombiano, fue director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ha ejercido como director de la campaña presidencial de Iván Duque.