El bilingüismo en Baleares debe recuperar su imperativo legal, ya

La que acaba de liar un tal Gabriel Timoner, jefe de Inspección Educativa, al denegar a un niño el derecho a recibir el 25% de educación obligatoria en castellano, perpetuando así la imposición de inmersión absoluta que ha defendido la extrema izquierda separatista que lidera el PSIB-PSOE. Digo que la acaba de liar, porque se ha cargado la promesa del PP de suspender la inmersión lingüística en catalán y regresar a las tesis del bilingüismo. 

Dudo que vaya a ser cesado por el conseller Antoni Vera, que ya ocupó un alto cargo en la Conselleria de Educación con el Govern de J. R. Bauzá. Y lo dudo, porque Vera es humano y en consecuencia llegaba de nuevo a la Conselleria, con el miedo metido en el cuerpo. Imagino el canguelo que le entraría en su primera visita a un instituto y encontrarse a la junta directiva y parte del claustro con la camiseta verde entre los dientes.

También puedo imaginar la impotencia de PLIS, cuando denuncia que los sindicatos de la enseñanza no pueden dictar la política lingüística. Salvo si gobierna el PP, conscientes como son del miedo que le provocan, sólo con blandir sonrientes la camiseta verde. Son una maldita mafia. Por cierto, mis queridos separatas a las órdenes del Emirato-Califato Yellow Ribbon, en el sentido despectivo, según RAE, por mafia se entiende «grupo organizado       que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos». Qué suerte la vuestra, teniendo enfrente a un centroderecha de misa diaria y que por lo tanto lleva interiorizado lo de poner la otra mejilla. También es cierto que algo podrían aprender del rey Jesús que echó a los mercaderes del templo. 

Es comprensible el temor y la indecisión del centroderecha, cuando llega al poder en Baleares y debe afrontar la decisión de aplicar el bilingüismo, sin titubeos y desde el convencimiento. Por eso mismo, con determinación. 

Es comprensible, lo repito, pero añadiré a renglón seguido: inaceptable. El ejemplo más reciente lo tenemos en los comunicados de la Conselleria de Salud –sólo en catalán- para alertar a la población ante el incremento de casos de gripe y, por tanto, eliminada la otra lengua cooficial, el castellano. 

Conviene repetirlo las veces que hagan falta: la Constitución y el Estatuto de Autonomía elevan a rango de ley la cooficialidad del catalán y el castellano y para hacerlo efectivo, es decir, «real y verdadero» (RAE), se procedió a aprobar la Ley de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos con el apoyo, unánime, de todas las fuerzas políticas con representación.

Pero hecha la ley, hecha la trampa torticera; una palabra, esta última, que apunta directamente a la línea de flotación de tales propósitos: «Que no se arregla a las leyes o a la razón» (RAE). Viene a cuento lo de torticera por lo sucedido inmediatamente después a través del discurso de la izquierda y separatistas: ¡hay consenso y ponerlo en duda es una traición!

Claro que hubo consenso. Pero la diferencia está en que el centroderecha actuó de buena fe, mientras la izquierda y separatistas fueron mucho más allá, eliminando sistemáticamente el castellano y vistiéndolo acto seguido bajo el paraguas de la sagrada palabra, consenso, ya elevada a un acto de fe en sí mismo. ¿De qué consenso hablan, transgredido el acuerdo original? Y es la más absoluta transgresión la que se ha instalado en la enseñanza.

Por cierto, transgredir equivale a «quebrantar, violar un precepto» (RAE). Ahí es cuando se rompió la baraja, dejando sin amparo la viabilidad cierta de la cooficialidad constitucional en esta tierra consagrada a seguir a pies juntillas los dictados del Califato-Emirato Yellow Ribbon: construir paso a paso los Països Catalans. Así hemos llegado al presente, en que defender el bilingüismo es crispar. En realidad, lo que hay es negocio multimillonario en la inmersión monolingüe y por eso mismo el castellano estorba mucho.

Se entiende, aunque no lo comparto, el complejo de inferioridad del PP a la hora de poner pie en pared en la defensa del bilingüismo como imperativo legal. La aprobación de la ley, también el decreto, fue  por consenso. Solo que ahora el consenso pasa a ser palabra sagrada en el catecismo woke.

Pese a ello y como parte de los acuerdos de legislatura entre el PP y Vox se ha puesto en marcha la libre elección de lengua en la educación obligatoria y puedo imaginar sin lugar a dudas que respetando el espíritu original de la Ley de Normalización y el Decreto de Mínimos. También otras medidas en clave de política local, para eliminar preceptos nocivos que agraven el libre desarrollo de la sanidad pública, y asimismo la  atención al administrado. Unas medidas que ya han puesto muy de los nervios a la mafia separatista.

 ¿Será capaz el PP de aguantar tanta presión? Tengo mis dudas, aunque no voy a perder la esperanza, pese a que su complejo de inferioridad está muy arraigado, empezando por plegarse a la Agenda 2030. Aunque la presidenta Marga Prohens parece dispuesta a proteger al sector primario, una decisión trascendente para la diversificación de la economía. 

El problema de raíz en el complejo de inferioridad del centroderecha es que desde finales de los años 90 del siglo pasado, la alternancia política ha sido norma invariable para llegar a la Presidencia del Govern. Es decir, que una vez Gabriel Cañellas desapareció de nuestro mapa político, no ha vuelto el centroderecha a conocer un líder, mientras a la izquierda no le hace ni falta al bastar con machacarnos el relato de la poderosa religión woke. Esta es la razón que obliga a responder, de una vez, con la batalla cultural. Está por verse si Marga Prohens será capaz de romper el maleficio y batallar en los frentes del pensamiento woke-paguillas que adormece tanto a la ciudadanía y facilita que la extrema izquierda llegue al poder cuando le venga en gana, Por algo son maestros en embrutecernos con su discurso.