El BCE censura al Gobierno

El Banco Central Europeo (BCE) ha criticado duramente, en un dictamen, el impuesto a la banca que el Gobierno del presidente Sánchez, en su huida hacia adelante para tratar de mantenerse en el poder, abrazándose al populismo, anunció en julio, junto con el impuesto a las eléctricas.

¿Qué dice el BCE en su escrito, firmado por Lagarde? Lo que era previsible para cualquier persona que lo analizase técnicamente, sin la demagogia que mueve al Gobierno. Es tan demoledor desde el punto de vista técnico que el Gobierno ha reaccionado de manera airada, encabezados por el ministro Escrivá, que ya en su día atacó al Banco de España y que ahora ha acusado al BCE de emplear informes «de corte y pega». Por mucho que diga el Ejecutivo, lo expuesto por el BCE retrata bien el despropósito de impuesto ideado por el Gobierno. En primer lugar, que se entromete en la transmisión de política monetaria, ya que puede dificultarla.

Por otra parte, encuentra que puede distorsionar la competencia, al estar sometidas a gravamen unas entidades y otras no. Del mismo modo, considera que el impuesto, al no considerar los gastos de explotación ni el coste del riesgo, que reducen los ingresos del sector, de manera que el gravamen se realizará, además, sobre un volumen de ingresos que no será tal.

De la misma manera, sostiene que la subida de tipos dará solidez al sector bancario, que podría resquebrajarse ante este nuevo impuesto, elemento que puede generar distorsiones y dudas, por la inseguridad que supone, que puede ahuyentar inversores. De hecho, aunque la subida de tipos aumente su rentabilidad, la mora que puede surgir en la actual coyuntura económica, la reduce, con lo que penalizar esa subida de tipos es contraproducente.

Es más, puede que haya bancos que, llegado el momento, registren pérdidas o beneficios muy bajos, por la evolución de la coyuntura económica y de las provisiones que tengan que realizar, de manera que este impuesto puede comprometer su resistencia y fortaleza ante las crisis.

Adicionalmente, da a entender que las entidades tendrán que trasladar el impuesto a sus clientes, donde sería difícil diferenciar el motivo de la subida, que, de no trasladarlo podría comprometer la solvencia de algunas entidades. En definitiva, es un varapalo enorme al Gobierno, que se niega, pese a todo, a renunciar a ello.

Y es que estos dos impuestos, ambos, generan una inseguridad jurídica importante, no sólo por introducir un elemento con el que no contaban en sus previsiones las eléctricas y la banca y que puede ahuyentar inversores en los mercados financieros, al disminuir la rentabilidad de dichas compañías, de manera que pueden perder capitalización bursátil por un aumento del volumen de venta de acciones.

En definitiva, no ayuda a los ciudadanos, sino que puede perjudicarlos, ahuyenta inversiones por la inseguridad jurídica que genera, y puede crear problemas tanto de encaje legal -doble imposición- como competencial -interferencia en la transmisión de política monetaria-. La solución no es aplicar estos impuestos, sino una política económica ortodoxa, que controle el gasto, que equilibre las cuentas, que vaya reduciendo la deuda, que genere certidumbre y que dé seguridad jurídica para atraer inversiones, aumentar las bases y crear actividad económica, empleo y riqueza, justo lo contrario de lo que esta medida populista provocará.