Asturias y el error de reducir la jornada laboral

Asturias ha caído en el error de querer poner en marcha un plan piloto de la reducción de jornada a treinta y dos horas, es decir, el equivalente a una semana laboral de sólo cuatro días. De momento, lo hará en empresas privadas que participen voluntariamente, pero con ánimo de extenderlo posteriormente, especialmente a la Administración.

Esto, que ya fracasó como experimento a nivel nacional, es un disparate económico de gran magnitud, especialmente cuando la productividad es escasa y la población activa baja, como ocurre en España y especialmente en Asturias. Con caídas de la productividad, una reducción de jornada conllevará caída de la producción, porque tampoco las empresas podrán contratar más trabajadores, al ser inasumible su coste.

Esta medida, ataca a los propios trabajadores, porque si se reduce la producción, se perderán puestos de trabajo. De hecho, si diferentes estudios estiman que la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales es de 0,3 en valores absolutos, con una reducción de la jornada equivalente a 2,5 horas semanales -de 40 horas a 37,5 horas- la disminución de la jornada laboral es del 6,3%, que, aplicada la elasticidad, puede llevar a una merma en el empleo del 1,8%.

Es, por tanto, una barbaridad económica querer aplicar esta medida, que sólo conduce al debilitamiento de su economía y del mercado laboral, a un empobrecimiento de la sociedad. La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno, que empeora con la subida del salario mínimo y la reducción de jornada: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países. Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica.

Las mejoras en productividad y competitividad son imprescindibles. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse. Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo.

Ese aumento de productividad y competitividad no se consigue con más rigidez en el mercado de trabajo, ni con subidas salariales inflacionistas, ni trabajando menos en los bajos niveles de productividad actuales, ni incrementando el coste de las indemnizaciones por despido. Se conseguirá con la aplicación de reformas profundas que dinamicen el mercado laboral, que lo flexibilicen más, que contenga salarios y que ligue su evolución a la de la productividad, que no incremente el coste de las empresas, para que no contribuyan al alza de precios. Es justo el camino contrario al que propone Díaz desde el Gobierno y que Asturias experimenta peligrosamente, con el que puede hundir más su ya mermada capacidad económica regional.