Anarquía «low cost»

Anarquía «low cost»

A Quim Torra puede corresponderle la gloria y también la condena por haberse puesto en sintonía con los CDR, llamar a la desobediencia civil y convertir la ciudad de Barcelona en una agitación disruptiva según los modelos del nuevo anarquismo italiano, experto en insurrecciones a escala macro-urbana. El vasto centro de Barcelona, colapsado por algunos disturbios a causa de la sentencia, es como una gran ratonera para muchos más ciudadanos perjudicados por el desorden que los incentivados por la causa imposible de la secesión. Es un momento “low cost” que correrá a cargo de contribuyentes que han pasado media mañana inmovilizados en su coche dándole al claxon en una esquina del Ensanche. Viene a ser un experimento conductista carente de sentido, de razón moral y de proporcionalidad mínima. Quedó dicho hace días: “Volveremos a hacerlo”.

Cuando en Cataluña las palabras todavía tenían sentido a una sentencia del Tribunal Supremo se le llamaba el peso de la ley. Los chantajes al Estado colisionan una vez más con aquel principio elemental de civilización: la ley es dura pero es ley. Confundir el desacato con una merienda campestre ha sido uno de los hilos conductores del “procés”. Todo valía; nada estaba fuera de la ley; cumplirla era capricho. De esa anarquía “low cost” –con sus guerrillas urbanas y sus topmanta- procede la contumacia en nombre de un objetivo impracticable por ilegal. Volver a hacerlo, es un imposible empeño frente a la fortaleza del Estado. Cualquier sabe que la libertad de manifestarse se corresponde a unas normas y límites. La respuesta radical a la sentencia se suma a la crisis de autoridad que viene gestándose en Barcelona.

Con el privilegio de que los liberales le tachen de social-demócrata y los social-demócratas le tengan por liberal, Ralf Dahrendorf ya explicó el efecto de una creciente ausencia de sanciones efectivas, como erosión de la ley y el orden. Todo eso alcanza una dimensión dramática cuando un expresidente de la Generalitat está huido de la justicia y su sustituto llama a la desobediencia civil. Si las violaciones de normas –dice Danhrendorf- no son sancionadas o ya no lo son sistemáticamente, se convierten ellas mismas en sistemáticas. En unos años tal vez algún historiador logre explicar por qué el independentismo catalán dio por sentado que se podía crear un Estado paralelo y salir indemne del empeño. Sabemos que donde prevalece la impunidad la efectividad de las normas está bajo amenaza.

Por ahora, desde la Generalitat –Quim Torra- y desde el parlamento autonómico –Roger Torrent- han alentado a la revuelta –presuntamente pacífica, como si ignorasen los riesgos de toda revuelta para la seguridad del conjunto de una sociedad- pero zigzagueando de tal manera que las responsabilidades penales sean para la ANC y Omnium, de tan dudosa representatividad. En algún momento, Quim Torra ha intentado trasladarlas a Torrent, mientras Carles Puigdemont desvaría en Waterloo a la espera del juez Llarena y los neo-convergentes argumentan que la sentencia del TS es contra toda Cataluña, con lo se da por supuesto que los ciudadanos de Cataluña que la respeten está pernoctando en Vic o Manresa gracias a un visado del planeta Júpiter. El 155 sobrevuela la escena electoral, con su larga sombra y toda su capacidad de racionalización institucional.

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