El acuerdo egoísta del G-7 sobre los tributos

El G-7 ha acordado establecer un tipo mínimo común para las grandes compañías multinacionales, en especial las del sector tecnológico. De esa manera, fija en un 15% ese tipo mínimo y abre la puerta a que tributen un 20% de sus ganancias en cada país si obtienen un margen de más del 10%, además de su tributación en el lugar en el que residan fiscalmente, elemento que constituye una doble tributación.

Todo ello, el G-7 lo envuelve bajo la apariencia de caminar hacia una mayor justicia social para clases medias y trabajadores, según sus propias manifestaciones, al tiempo que busca evitar deslocalizaciones de las empresas hacia otras zonas que les puedan ofrecer unos niveles impositivos más bajos.

Es decir, si lo analizamos en profundidad, esta medida, además de perseguir la confiscación de lo generado por las empresas, que arriesgan el dinero de sus accionistas en su actividad con la que generan muchos puestos de trabajo, constituye un ataque despiadado a la posibilidad de desarrollo de las economías menos avanzadas.

Todos los países, en algún momento u otro, han atravesado o atraviesan por diversas etapas de desarrollo, de manera que, por ejemplo, siguiendo a Rostow, hay un momento en el que precisan atraer fuertes inversiones extranjeras que suplan la falta de ahorro nacional con la que financiar la inversión empresarial y generar, así, actividad y empleo. Una de las maneras que las economías menos avanzadas tienen para atraer inversión es una mano de obra más barata que en los países desarrollados. Otra es la facilitación de la localización, bien mediante terrenos o eliminación de trabas burocráticas. Y otra, no menos importante, es mediante la creación de un entorno fiscal atractivo para que puedan operar en el país en cuestión con una tributación ventajosa.

Todas esas herramientas las han empleado todos los países que se han ido desarrollando a lo largo de los años, con especial énfasis en la parte tributaria. Así, Irlanda pudo dejar de ser el país pobre que era para convertirse en una economía pujante y atractiva, pese a su reducido tamaño.

¿Qué sucede ahora? Que, con las nuevas medidas, de aplicarse globalmente, se quiere privar de la oportunidad de desarrollarse del mismo modo a las actuales economías menos avanzadas. Mediante este acuerdo colusivo del G-7, que apoya entusiastamente el Gobierno de Sánchez, se impide que otros países sigan el mismo camino del desarrollo que han seguido la inmensa mayoría de los países más avanzados.

Vivimos un tiempo en el que se está volviendo al proteccionismo, de una u otra manera; un tiempo en el que se ha perdido la perspectiva de lo que supone un gasto público desmedido, un déficit crónico y una deuda que va camino de convertirse en perpetua; un tiempo en el que el afán confiscatorio de la hacienda pública se vuelve más voraz que nunca. Con el acuerdo del G-7, se convierte, además, también en un tiempo en el que los países más avanzados se vuelven más insolidarios hacia las economías menos desarrolladas. Puede que les prometan subsidios, pero les privan de la oportunidad de desarrollarse por sí mismos, empleando los instrumentos que tienen a su alcance y que los países más ricos les niegan ahora. En lugar de permitir que tengan unas economías sostenibles, los condenan a ser unas economías sostenidas, a merced de las ayudas o subsidios que puedan recibir internacionalmente. Es un claro paso atrás en el desarrollo económico internacional.