Sánchez deja a la Comunidad de Madrid fuera del reparto de 118 millones de la UE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un golpe sobre la mesa y ha avanzado que su Gobierno está sopesando llevar a Pedro Sánchez ante los tribunales tras advertir que está realizando el reparto de los fondos europeos de forma «fraudulenta» perjudicando a Madrid. En concreto, Sánchez ha dejado a la comunidad madrileña sin 118,7 millones de euros de los fondos de la UE.

Así lo ha adelantado la dirigente popular que ha afirmado que lo que quiere su Ejecutivo es que haya «equidad» en el reparto de esos fondos procedentes de la Unión Europea (UE) por la pandemia del Covid-19.

«Queremos seguir hablando en la defensa de más información, transparencia y fondos para la Comunidad de Madrid, ya que la inmensa mayoría de las reuniones sectoriales que se están manteniendo con los distintos ministerios siempre estamos los últimos», ha señalado Díaz Ayuso.

«Queremos que haya una equidad en ese reparto de fondos y que tengan en cuenta que todas las comunidades autónomas tenemos grandes dificultades y, por tanto, necesitamos los mismos fondos», ha agregado.

Y es que en las últimas semanas el Gobierno de Pedro Sánchez ha publicado dos reales decretos en los que riega con 118,7 millones procedentes de esos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a nueve comunidades autónomas entre las que no se encuentra Madrid.

En concreto, el primero de estos reales decretos se publicó el pasado 19 de octubre por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión: Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ese decreto reparte 9 millones de euros a Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura, todas ellas comunidades no gobernadas por el Partido Popular. De esos nueve millones, tres irán a Navarra para un proyecto de Emprendimiento y microempresas, incluido en el Plan de Reactivación Económica de los Pirineos Orientales de Navarra promovido por dicha Comunidad Foral.

Otros dos millones serán para Extremadura para un proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de «colectivos especialmente vulnerables» y para otro proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de «emprendimiento y microempresas». Asimismo, Valencia y País Vasco recibirán dos millones, respectivamente, para financiar esos dos mismos proyectos en sus regiones.

Tras conocer este reparto, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, remitió una carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que con ese real decreto el Estado «vulnera el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y utiliza de forma fraudulenta la reserva de crédito del SEPE no sujeta a la distribución en Conferencia Sectorial, para repartir fondos adicionales a cuatro comunidades sin conocimiento previo de la Conferencia Sectorial, sin justificación alguna y alterando el sistema de distribución de fondos legalmente establecido».

El consejero, «dada la gravedad del asunto», termina la misiva solicitando la convocatoria urgente y extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Pero, además, pocos días después el Gobierno publicó otro real decreto en el que, de nuevo, otorgaba subvenciones extraordinarias procedentes de los fondos de la UE a varias comunidades autónomas, excluyendo de nuevo a Madrid.

Se trata del real decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las comunidades beneficiadas por estos fondos son, de nuevo, Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura, además de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Ceuta.

Estos casi 110 millones de euros tienen como objetivo «mejorar la tasa de acceso del Ingreso Mínimo Vital, e incrementar la efectividad del IMV a través de políticas de inclusión, que, de acuerdo con su descripción, se traducirá en apoyar la inclusión socioeconómica de los beneficiarios de la IMV a través de itinerarios: ocho convenios de colaboración firmados con administraciones públicas subnacionales, interlocutores sociales y entidades de acción social del tercer sector para realizar los itinerarios».