La Justicia ya ha archivado al menos 62 denuncias contra Ayuso por la gestión de las residencias en el Covid

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha dictado un auto de sobreseimiento en relación con la denuncia presentada por Marea de Residencias sobre el fallecimiento de seis residentes durante la pandemia de Covid-19 en la Residencia de Mayores Adolfo Suárez en la capital. Esta decisión judicial se suma a otras, al menos, otras 61 resoluciones de tribunales que avalan la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El auto judicial destaca que la residencia cumplió con los protocolos vigentes durante aquel período. Según el informe del médico forense citado en la resolución, «no se incurrió en ningún tipo de negligencia» en los fallecimientos investigados. El documento judicial contextualiza la situación recordando las «excepcionales y desgarradoras circunstancias» que se vivieron durante la primera ola de la pandemia, cuando «los hospitales estaban saturados» y «no se sabía cómo curar la enfermedad». Tal como ha destacado recientemente Ayuso, la izquierda está atacando a los profesionales de las residencias que hicieron todo lo que pudieron y, en cambio, no se preocupa por los fallecidos en otras comunidades autónomas donde gobierna el PSOE o partidos nacionalistas e independentistas.

La nueva resolución también señala la escasez de recursos durante aquellos momentos críticos, mencionando específicamente la falta de mascarillas y equipos de oxígeno de alto flujo, así como el elevado número de bajas por contagio entre el personal sanitario y asistencial. El juez subraya que la incidencia fue «mucho mayor» en personas vulnerables con otras enfermedades o edad avanzada.

En paralelo a esta decisión judicial, la controversia política se ha intensificado tras las recientes declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez reconoció haberse equivocado al cuestionar en redes sociales la autenticidad de testimonios de familiares de fallecidos que aparecieron en un programa de La Sexta. «Yo me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto», manifestó en la Real Casa de Correos.

Cabe recordar que Pablo Iglesias (Podemos) como vicepresidente segundo del Gobierno salió en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa para asegurar que él se ponía al frente de la gestión de esos centros en los días más críticos.

Ataques del PSOE

Esta situación ha provocado una contundente respuesta por parte del PSOE de Madrid. Su secretario general y ministro para la Transición Digital, Óscar López, ha exigido el cese de Rodríguez y ha pedido a Ayuso que «pida perdón a las víctimas por su horrible gestión y a los familiares por su falta de humanidad». López ha llegado a afirmar que la Comunidad está «en manos de un grupo de desalmados» y ha descrito lo que considera un clima de «terror» en la región. Los socialistas han materializado sus críticas presentando una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para exigir el cese del jefe de Gabinete.

Por su parte, la presidenta Ayuso ha respondido a estas acusaciones calificando las preguntas sobre los fallecidos en residencias como «trufadas de intenciones políticas». La mandataria regional ha denunciado la existencia de una plataforma «organizada por resentidos del PSOE y de Más Madrid» que, según ella, utiliza cifras «inventadas».

«Retorcer las residencias»

La controversia sobre la gestión de las residencias confirma la estrategia desvelada por error por el antecesor de Óscar López. En una reunión telemática documentada por OKDIARIO, el entonces líder del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, instó a «retorcer el tema de las residencias» contra el gobierno de Ayuso, sugiriendo aprovechar el dolor de los familiares de fallecidos con fines políticos.

Franco, en aquella reunión telemática con alcaldes y militantes socialistas, reveló un plan para utilizar posibles imputaciones judiciales como herramienta de presión política, específicamente para forzar a Ciudadanos a romper su coalición con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha detallado  este martes las actuaciones llevadas a cabo desde la Fiscalía en relación con los fallecimientos en residencias. Según sus declaraciones, en 2024 todavía permanecen en tramitación 27 procedimientos en la Comunidad de Madrid, de los cuales ocho están pendientes de resolución de recursos de apelación contra el sobreseimiento provisional.

El imputado García Ortiz ha avanzado que dará orden de revisar «a la mayor brevedad» todos los casos, incluso los ya juzgados, para tratar de reabrirlos y que nos prescriban. Ha destacado la denuncia colectiva presentada por Mareas de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia para las Víctimas de las Residencias, que representa a 109 familiares y 115 víctimas que residían en centros madrileños durante marzo de 2020. La Fiscalía mantiene actualmente un proceso de revisión individualizada de cada caso denunciado.

Las actuaciones de la Fiscalía controlada por García Ortiz han incluido directrices específicas para garantizar que las víctimas o sus familiares sean escuchados en las diligencias de investigación, ordenando a los fiscales mantener una «actuación particularmente proactiva» en estos casos. García Ortiz ha enfatizado la necesidad de replantear el modelo residencial del país, más allá de las eventuales responsabilidades penales.