Archivada por falta de pruebas la imputación contra el ex alcalde de Alcobendas en el ‘caso Púnica’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado el caso Púnica para Ignacio García de Vinuesa, ex alcalde de Alcobendas y ex comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo. El ‘popular’ estaba siendo investigado en el marco de la pieza número 10 de la macrocausa, en la que se investigan los trabajos de reputación ‘online’ a políticos, durante su etapa como regidor.

En un auto, con fecha de este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se dirigían contra García de Vinuesa, como informa Europa Press. También quedan exoneradas la que fuera su directora de comunicación María Teresa Alonso-Majagranzas, que era personal eventual; y la gerente del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas, Yolanda Sanchís.

El magistrado señala que de las diligencias practicadas hasta el momento «no se desprende indicio alguno de fraude». Señala que no se ha podido acreditar que los servicios licitados por el consistorio madrileño a las empresas de Alejandro de Pedro -uno de los principales investigados en esta causa- no se llevaran a cabo. Tampoco queda confirmado que «existiera una corrupta voluntad de desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular».

De esta forma, García Castellón concluye que no hay pruebas de que los informes sobre reputación en redes sociales hayan sido encargados por el propio García de Vinuesa, ni de que «los pagos que se efectuaron por el Ayuntamiento de Alcobendas se realizaron precisamente para ‘mejorar la reputación personal del alcalde’».

Cinco delitos

El citado magistrado de la Audiencia Nacional acordó a principios de noviembre la imputación de García de Vinuesa y los otros dos cargos vinculados al Consistorio de Alcobendas por los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación.

Ahora, detalla en su auto que, según se pone de manifiesto en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, los investigados habrían fijado con De Pedro que su empresa Eico llevara a cabo trabajos personales al que fuera alcalde entre 2011 y 2014 y que se acomodaría la estrategia para que fuesen los fondos públicos del Patronato Sociocultural de Alcobendas los que abonaran dichos servicios.

Así, el magistrado instructor, y tras haber interrogado a los investigados -la asesora de comunicación se acogió a su derecho a no declarar-, concluye que no hay indicios razonables para mantener la condición de imputados.

Expone que la mera afirmación por parte de la acusación de que las facturas giradas por las empresas de De Pedro refieren conceptos imprecisos y poco claros, «no pasa de ser una valoración subjetiva, una sospecha que además fue desmentida por los dos investigados que declararon».

Así mismo, para el juez instructor es «compresible» que, a la vista del organigrama del Consistorio de Alcobendas, las facturas fueran dirigidas al Patronato, «toda vez que la comunicación dependía orgánicamente (aunque no funcionalmente)» de esta entidad.

De todas formas, apostilla que cierto es que la licitación de los servicios como «contratos menores» puede resultar una cuestión de índole administrativa, «pero no puede ser un fundamento para una imputación penal».

«Línea difusa»

El magistrado García Castellón también apunta en su auto que «la línea divisoria entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos no ha dejado, nunca, de ser tenue, difusa, brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa».

Por este motivo, enfatiza que debe ponderarse cada caso concreto y estudiar «si en los contratos adjudicados y en la creación de periódicos digitales dedicados a la publicidad institucional se escondían o solapaban beneficios personales y partidistas, completamente alejados de la función y del cargo público», o si realmente las actividades promocionadas poseían «un vínculo próximo e indisoluble con las políticas públicas anexas a los cargos que a las que debían servir los elegidos desde la legitimidad refrendada por las urnas».

Dimisión en noviembre

Aunque la imputación ha quedado en nada, García de Vinuesa tuvo que renunciar a su cargo en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Su pasajera aparición en el caso Púnica le costó el puesto tras las presiones de los partidos de la oposición y del socio minoritario del Gobierno de la Puerta del Sol, es decir, Ciudadanos.

El pasado 5 de noviembre dejó sus responsabilidades como comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid tras ser llamado a declarar ante el juez. Esto provocó una fractura más entre populares y naranjas. Los de Ignacio Aguado apuntaron al punto 152 del acuerdo de Gobierno, que determinaba un compromiso de «tolerancia cero con la corrupción política». «Cesaremos inmediatamente a cualquier integrante del Gobierno o alto cargo de la Comunidad de Madrid que esté siendo investigado por delitos de corrupción política», recogía ese documento rubricado por ambos partidos.