Alojar mujeres maltratadas en hoteles: una idea de Montero que la izquierda reprocha ahora a Almeida

Pese a que la red de asistencia a víctimas de violencia de género sigue creciendo, lo cierto es que, en algunos casos, no da abasto. No es una situación que se produzca únicamente en Madrid, también pasa en el resto de España. Por este motivo, Irene Montero impulsó, desde el Ministerio de Igualdad, un decreto-ley para que estas mujeres pudieran alojarse en hoteles en el caso de que los servicios de acogida no tuviesen disponibilidad. Una práctica por la que, ahora, Rita Maestre y Reyes Maroto critican al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que acusan de «maltratar» a estas víctimas.

La polémica sobre los alojamientos de víctimas de violencia de género se ha desatado esta semana en la capital a raíz de la carta publicada por la Red de Violencia de Género en Madrid -en guerra con el Consistorio por sus derechos laborales- en la que se afirmaba que, con motivo del partido de Champions, el hotel con el que el Ayuntamiento de Madrid tiene un acuerdo para alojar a víctimas de violencia de género había echado a cuatro familias para que las habitaciones fuesen ocupadas por aficionados del Bayern.

Tanto Rita Maestre como Reyes Maroto se han hecho eco de esta situación y la han usado como arma arrojadiza contra Almeida, acusándole de «maltratador». Ambos partidos de izquierdas se han alineado con la Plataforma de Trabajadoras de la Red de Violencia de Género, que asegura que los hoteles como alternativa a los recursos de protección cuando los centros no tienen plazas «no constituyen una alternativa segura para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas».

«Desde el Ayuntamiento de Madrid se alega que este tipo de situaciones se dan en repuntes puntuales del volumen de atención, pero la realidad es que la situación de saturación en la red, que da lugar a que parte de las mujeres que activan alojamiento de protección acaben alojadas en hoteles, viene dándose de manera continuada desde finales del año 2023», han indicado desde la Plataforma que secundan los grupos de izquierdas.

Sin embargo, el alojamiento en hoteles ante el colapso de los centros no es una invención de Almeida. En 2020, el Gobierno daba luz verde al real decreto-ley para ampliar y reforzar los servicios de acogida a las víctimas de violencia de género. Las medidas, impulsadas por la titular de Igualdad, Irene Montero, estaban destinadas a garantizar una alternativa de alojamiento seguro para estas mujeres, incluyendo que las víctimas de violencia de género podrían alojarse en hoteles si los servicios de acogida no tienen disponibilidad.

Caso puntual

Desde el Ayuntamiento circunscriben esta problemática a un caso puntual. El área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha trasladado que en los últimos meses los servicios del Consistorio han experimentado un aumento del número de mujeres que acuden a la red municipal de atención a víctimas de violencia de género, una mayor demanda que no implica necesariamente un incremento de las situaciones de maltrato y que sí denota que las campañas de concienciación y sensibilización del Consistorio funcionan.

«Ninguna mujer se ha quedado sin atención en situaciones de emergencia: ante repuntes de demanda puntuales en los centros de la red disponemos de un contrato adicional con hoteles para garantizar a las mujeres un alojamiento que les proporcione aislamiento del agresor», han recordado las mismas fuentes.

Asimismo, han afirmado que la red de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid es la más amplia y completa de España, mientras que el equipo de Gobierno ha materializado su compromiso con mejorarla y expandirla en los últimos años a través de un importante incremento de recursos humanos y presupuestarios.

Concretamente, en cinco años el gasto ejecutado en el programa presupuestario de prevención y atención frente a la violencia machista ha aumentado un 100%, pasando de 7 millones en 2018 a los 13,8 millones en 2023. Y no sólo eso, en los últimos cuatro años se han incrementado más de un 40% las plazas de los recursos residenciales y se han incorporado 69 profesionales a la red.