La UDEF cree que González falseó el pago de 82.000€ simulando el alquiler del dúplex que ya era suyo

La legalidad del alquiler y posterior compraventa de un dúplex de lujo en una urbanización de Estepona por parte del ex presidente madrileño, Ignacio González, y su esposa, Lourdes Cavero, está en la picota. Ambos son investigados por el juzgado de Instrucción nº 5 de la citada localidad malagueña por posibles delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

Según ha podido saber OKDIARIO, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía, UDEF, investiga si González falseó el pago de 82.000 euros en transferencias entre 2008 y 2012 para «simular» el arrendamiento del dúplex.

Los investigadores ponen de manifiesto que al confrontar las facturas emitidas por sociedad intermediaria «Coast Investors» a través del presunto testaferro, Rudy Valner, y los extractos bancarios del matrimonio González Cavero «no existe una correspondencia entre ambos conjuntos de documentos».

Las facturas expedidas por «Coast Investors» por el supuesto alquiler ascienden a 97.200 euros, mientras el pago efectuado por el matrimonio extraído de sus extractos bancarios apenas alcanza los citados 82.000 euros, tras su conversión de dólares a la moneda europea.

El informe, al que ha tenido acceso este diario, asegura que no se aprecia que «la cadencia de pago» del arrendamiento «haya respondido a lo estipulado en la cláusula, no existiendo la correspondencia ‘uno a uno’ que debería haber entre factura y pago. «De hecho», añade el documento, «el ‘concepto por el que se supone se realiza la transferencia, en lugar de aclarar, lo que hace es abundar en la confusión».

A continuación, la UDEF cuestiona también que «todas las facturas hubieran sido abonadas». «Se aprecia una diferencia entre el importe efectivamente recibido en la cuenta de «Coast Investors» y el importe calculado, de entre 83,05 y 978,64 dólares, con una media de unos 261 dólares a favor siempre del importe calculado, que parecería elevada para tratarse de comisiones bancarias. Habría doce facturas expedidas y nueve pagadas, por tanto tres facturas se encontrarían impagadas», señalan.

Con estos datos, los agentes concluyen que «Coast Investors no aportó toda la documentación que le fue requerida por la Agencia Tributaria y que la aportada no se encuentra suficientemente justificada». «La segunda posibilidad», aseguran, «sería que no existe realmente correspondencia entre las facturas y las transferencias, encontrándonos ante una simulación, en la que se efectuarían ciertos pagos al objeto de dar apariencia de verosimilitud».

«Irregularidades en la compraventa»

El inmueble investigado está situado en la urbanización Alhambra Golf en Guadalmina, a 13 kilómetros de Marbella. La vivienda tiene unos 495 m2 de superficie, 257 m2 residenciales y 238 m2 de solárium. Dispone de tres dormitorios, tres baños, cocina, lavadero y aseo.

Dispone de terrazas de 112 m2 con calidades de lujo, de hecho, el ex presidente madrileño dispone de jacuzzi, sauna y piscina privada. Además, el complejo residencial cuenta con otra piscina y con unas privilegiadas vistas al mar. En el mismo bloque, en la parte de abajo se sitúa la vivienda de la Duquesa de Franco, Carmen Franco y Polo, de similares características, pero menos ostentoso que el de González.

El informe remitido por la UDEF a la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona, Isabel Conejo, que ya está incorporado a la causa, asegura que “en estos momentos de la investigación no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad en el año 2008, y por tanto determinar en su caso su ilicitud».

«Sí que se aprecian suficientes irregularidades y lagunas de información», añade, «en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos del inmueble, que aconsejan, a juicio de los investigadores, la práctica de nuevas diligencias”.

La propia UDEF solicitaba la expedición de una comisión rogatoria internacional dirigida a Estados Unidos para que aporte “toda la información que posean sobre la cuenta a nombre de Coast Investors, personas autorizadas, fechas de apertura, listado de movimientos y fecha de los mismos desde que se conserven registros”.

Para “trazar los flujos dinerarios en relación a los pagos en concepto de arrendamiento del inmueble, entre los años 2008 y 2012, y a los pagos de cuota de la Comunidad de vecinos por parte de Coast Investors”, se proponían también sendos mandamientos al BBVA, Bankia, Caixabank, Banco Popular.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Málaga instaba recientemente a la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona a seguir investigando el caso. El tribunal pedía a la Policía que certificase con brevedad las entradas y salidas de España del presunto testaferro del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Rudy Valner, y rechazaba los distintos recursos presentados por la defensa de González.

Además, la Audiencia destacaba la necesidad de reactivar las comisiones judiciales rogatorias demandadas a Estados Unidos y Panamá, afectadas primero por un error de forma y en segundo lugar por la tardanza de estos países en una respuesta para poder avanzar en la investigación.