Una juez francesa achacó al CNI el chivatazo a Ternera desde Kenia que permitió su fuga en 2011

La juez francesa antiterrorista Laurence Le Vert investigó un chivatazo telefónico que propició la fuga de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea ‘Josu Ternera’ en mayo de 2011. Entonces, el histórico dirigente de la banda terrorista vivía en la clandestinidad en su refugio de la localidad gala de Saint Gervais, en la región Ródano-Alpes, muy cerca del macizo del Mont Blanc, cuando las fuerzas de seguridad galas preparaban una operación para su detención.

Las pesquisas de la magistrada antiterrorista, tras el chequeo de las llamadas recibidas en el teléfono del domicilio en la clandestinidad de Ternera, determinaron que el chivatazo se había producido por medio de una llamada telefónica desde Kenia. Profundizando en sus investigaciones Le Vert fue informada por el espionaje francés de que tal alerta sólo podía haberse producido desde los servicios secretos españoles, que estaban al tanto de los movimientos del dirigente etarra.

Se daba la circunstancia de que el CNI colaboraba en aquella ocasión con la inteligencia del Ministerio del Interior galo en los seguimientos al histórico dirigente de ETA, que había pasado a la clandestinidad en julio de 2003, cuando el Tribunal Supremo ordenó su detención.

La información sobre el soplo a Josu Ternera y las sospechas sobre el espionaje español han sido corroboradas a OKDIARIO por cuatro ex altos cargos de Interior, tanto del ministerio como de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

El soplo de un espía español

La juez Le Vert, tras cerciorarse de que la filtración pudo ser obra de un espía español, presentó una queja ante el Ministerio del Interior del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El incidente supuso una importante fractura en las excelentes relaciones antiterroristas entre París y Madrid.

El chivatazo provocó una descomunal decepción en la magistrado que más esfuerzos había demostrado en la persecución de la banda terrorista en suelo francés. Gracias a su estrecha colaboración con la Brigada policial de Francia, formada por un comisario de la Policía y un oficial de la Guardia Civil, y con sede en la Embajada española, las fuerzas antiterroristas pudieron acelerar la detención de decenas de comandos y acelerar el fin de ETA.

Cuando se produjo el chivatazo, en mayo de 2011, el ministro del Interior era Alfredo Pérez Rubalcaba, que cedió el cetro de la seguridad dos meses después a su número dos, Antonio Camacho, tras la decisión de Zapatero de poner fin a la legislatura y adelantar las elecciones generales a diciembre de aquel año.

El aviso a Ternera, que se dio a la fuga, se producía cuatro meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenara abrir nuevas diligencias sobre otro chivatazo anterior: el soplo a ETA del conocido como caso Faisán. En aquel escándalo, la Policía alertó a un intermediario de la banda terrorista, por medio del propietario del bar Faisán de Irún, para que no se presentara a una cita concertada por él en su establecimiento porque iba a ser detenido.

El etarra José Antonio Cao formaba parte de una trama etarra que se dedicaba al cobro de la extorsión terrorista a empresarios vascos. Pero además era uno de los puentes que estaba utilizando el entonces presidente de los socialistas vascos Jesús Eguiguren para poder acceder a Josu Ternera con quien el Gobierno de Zapatero negociaba el fin de la lucha armada.

Le Vert y el antecedente del ‘caso Faisán’

La operación contra los miembros de la red de extorsión de ETA también estaba coordinada por la juez antiterrorista francesa Le Vert. Esa circunstancia confería a la magistrado de París la ingrata experiencia de soportar dos chivatazos españoles en sus investigaciones contra la organización terrorista. Para la magistrado los avisos desde el bando español, que beneficiaron a Ternera, fueron dos ingratas experiencias que nunca olvidará, según comentó a fuentes consultadas por OKDIARIO.

El equipo antiterrorista del Gobierno de Mariano Rajoy, que relevó a la cúpula socialista de Interior en enero de 2012, necesitó un periodo de reciclaje para poder recuperar la confianza de la magistrado gala.

Le Vert, que desde 1986,ocupaba el cargo de juez instructora de la sección antiterrorista del Tribunal Superior de París, se significó junto a la fiscal Irene Stoller como una aliada de España en la lucha anti ETA. Por ello, recibió la gran cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, pero también la respuesta de ETA en la preparación de un atentado contra ella que no pudo finalmente materializar.

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy la nombró en 2008 primera vicepresidenta de la instrucción en el Tribunal de Gran Instancia (TGI) de París, nombramiento que no impidió su continuidad en sus investigaciones contra la banda terrorista.

Los trabajos de Le Vert y otros jueces franceses lograron que, a finales del 2000, las cárceles francesa albergaran a casi 200 terroristas de ETA.