La fundación de Podemos cobraba por loar a Chávez pero le tachaba de corrupto en sus notas internas

La Fundación CEPS, integrada en aquel momento por los principales líderes de Podemos, cobró cerca de 7 millones de euros por asesorar al Gobierno de Hugo Chávez. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero acudían con frecuencia a los canales de la televisión pública venezolana para elogiar los avances de la revolución bolivariana.

Pero en las notas internas que dirigían a su sede en Madrid, los agentes de la Fundación CEPS reconocían todo los vicios del Gobierno de Chávez y las catastróficas consecuencias que su gestión tenía para la población venezolana: corrupción generalizada, desabastecimiento de alimentos y de energía eléctrica, colapso de la economía y encarcelamiento de los responsables de los medios de comunicación críticos.

De este modo, los asesores de la Fundación CEPS constataban el rotundo fracaso de las políticas que dictaban al Ejecutivo de Chávez y admitían que su Administración estaba corrompida hasta la médula. Pero seguían animándole a continuar por la misma senda con políticas intervencionistas de la economía que han conducido a los venezolanos a la miseria.

El mejor exponente de ello es un «informe interno» que el miembro de la Fundación CEPS Fernán Chalmeta remitió a sus superiores en Madrid el 20 de junio de 2010. En aquel momento, el actual portavoz de Podemos en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Alberto Montero, actuaba como vicepresidente y tesorero de la Fundación CEPS. El secretario del patronato era Íñigo Errejón.

Toneladas de comida en descomposición

En aquella nota interna (pinche aquí para leerla íntegra) remitida a Madrid, el agente de la Fundación CEPS describió con pelos y señales la conmoción que había provocado entre los venezolanos «el mayor caso de corrupción» registrado hasta entonces en el Gobierno de Chávez: el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional acababa de descubrir 1.197 contenedores llenos de alimentos caducados y en descomposición (carne, leche en polvo, harina, pasta, aceite y azúcar, entre otros productos).

El Gobierno de Chávez había utilizado la empresa pública PDVAL (una filial de la petrolera estatal PDVSA) para importar estos alimentos, en un intento de paliar los problemas de desabastecimiento de las tiendas. Pero tras llegar a Venezuela, los contenedores habían quedado olvidados durante más de dos años en un almacén sin que nadie se preocupara de su contenido.

A raíz de este descubrimiento, se hallaron «varios centenares de contenedores de alimentos» caducados olvidados en otros almacenes y depósitos: más de 100.000 toneladas de comida echada a perder por el Gobierno de Chávez, mientras los venezolanos no podían acceder a productos básicos debido a la inflación y al colapso de la economía.

En el informe dirigido a sus superiores, el «asesor» de la Fundación CEPS relata el escándalo que estas noticias habían provocado entre la población, «justo cuando hay una gran alarma social ante el desabastecimiento» de alimentos. Y a continuación admite: «El tufo a corrupción es intapable (sic): se habla de un gran negocio –comisiones, etc.– a la hora de comprar alimentos. Cada contenedor parado paga unos 120 dólares al día en concepto de almacenaje, por lo que dejarlos años enteros ha supuesto un pingüe beneficio en dólares para las empresas propietarias de los terrenos».

La «ayuda humanitaria» a Haití

Siempre según el mismo informe de CEPS, uno de los líderes de la oposición venezolana, Henrique Fernando Salas, había aludido también al negocio especulativo que los responsables de la empresa pública PDVAL realizaban con estas importaciones masivas de comida: «Se valen del sistema cambiario a través del cual adquieren alimentos con dólar preferencia a 2,60, realizan la compra con sobrefacturación y luego las ganancias las comercializan a ocho bolívares por dólar».

Con este mecanismo, el Gobierno de Chávez había importado más de 100.000 toneladas de alimentos, teóricamente destinados a paliar los problemas de hambre de la población, pero luego había dejado que se pudrieran durante más de dos años en distintos almacenes.

La polémica no dejaba de crecer: el Gobierno de Chávez también había enviado comida en descomposición a un comedor escolar del estado de Vargas, medicamentos caducados a dispensarios de los estados de Monagas y Táchira, y había remitido un buque lleno de alimentos en mal estado como «ayuda humanitaria» a Haití.

El asesor de la Fundación de Podemos explicó que este escándalo había salpicado de lleno al «poderoso ministro de Energía y Minas», Rafael Ramírez, en su calidad de presidente de PDVSA, y había conducido a la cárcel a cinco responsables de esta empresa estatal. La petrolera PDVSA es precisamente la empresa pública que Nicolás Maduro utilizó en octubre de 2013 para pagar 142.000 dólares a los dirigentes de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, como ha informado OKDIARIO.

El mismo «informe interno» de la Fundación CEPS fechado en junio de 2010 refleja otros problemas creados por el Gobierno de Chávez, como la inflación disparada que encarecía los precios de los alimentos y los constantes cortes del suministro eléctrico, que aún hoy castigan por igual a «las industrias básicas y los sectores populares».

Los periodistas críticos, a la cárcel

Su nota interna también describe la persecución que el Ejecutivo de Hugo Chávez había emprendido contra los periodistas y dueños de medios de comunicación críticos con sus políticas. En este sentido, el informe alude a la detención del presidente de Globovisión, Guillemo Zuloaga, y de su hijo, «acusados de usura a raíz de la incautación de 24 vehículos de lujo en una de sus propiedades, presuntamente para especular con ellos. Las acusaciones de uso partidista del poder judicial, de ataque a la libertad de expresión y de intimidación a la disidencia no se han hecho esperar», puntualiza el informe.

Paralelamente, el Gobierno de Chávez había intervenido una entidad financiera privada, el Banco Federal (con 153 sucursales), con el pretexto de que no tenía suficiente liquidez para garantizar los depósitos de sus clientes. El presidente del banco intervenido, Nelson Mezerhane, era precisamente el principal accionista del «canal de televisión ultraopositor Globovisión, por lo que parte de la oposición denuncia motivos políticos tras la intervención: si el Estado se queda con las propiedades del banquero, pasaría a ser dueño de dicha televisión». El augurio del asesor de CEPS se cumplió, punto por punto.

Este informe acredita que los principales responsables de la Fundación CEPS (entre los que se encontraban en aquel momento Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y el diputado de Podemos Alberto Montero) eran perfectamente conscientes del grado de corrupción del Gobierno de Hugo Chávez y de su constante violación de las libertades. Y de las catastróficas consecuencias que las políticas que dictaban al régimen chavista tenían sobre la población venezolana.

Aún así, siguieron vendiendo sus carísimos informes de asesoramiento tanto a Hugo Chávez como a su sucesor, Nicolás Maduro, hasta pocos meses antes de fundar Podemos. Ahora, Iglesias, Errejón y Montero siguen defendiendo para España las mismas políticas intervencionistas que han llevado a la miseria al pueblo venezolano.