Espadaler y Trapero orquestaron una operación antiyihadista para potenciar la imagen de los Mossos en Europa
Ramón Espadaler y Josep Lluis Trapero orquestaron, entre 2014 y 2015, una operación contra una red yihadista en Barcelona para potenciar la imagen exterior en Europa de los Mossos d’Esquadra, según se recoge en un informe policial al que ha tenido acceso OKDIARIO.
Espadaler, entonces consejero de Interior de la Generalitat, y Trapero, comisario jefe de los Mossos, prepararon el operativo basado en un “interés político de carácter estratégico”, según afirman las fuentes de la Audiencia Nacional.
El ex consejero de la extinta Unión Democrática de Cataluña y candidato a las elecciones del 21-O en las listas del PSC, tras la desarticulación de la célula yihadista, reivindicó un mayor papel para la policía autonómica en las investigaciones contra el terrorismo y negó la condición de “policía auxiliar” de los Mossos: “Después de la eficiente operación (Caronte) hemos demostrado que tenemos capacidad para trabajar codo con codo con la Audiencia Nacional y con otras instituciones estatales”.
Por su parte, Trapero, que un año después se convertía en Mayor de los Mossos, exigió “una mayor presencia de la policía catalana en instituciones internacionales como la Interpol o Europol” para así poder contactar con cuerpos europeos sin “tutelas españolas”. La reclamación se producía el Día de les Esquadres, el 22 de abril de 2015, fiesta en la que los Mossos se disponían a recoger los réditos de la operación Caronte, que había culminado con la detención de una docena de yihadistas y otros colaboradores.
La Policía mantuvo entonces que el operativo antiyihadista fue “auspiciado por el CNI y ejecutado por la policía autónoma”.
Para el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) la operación Caronte, como los Mossos habían bautizado la redada, se debía a “una burda manipulación” con un objetivo exclusivamente ideológico: “Darse a conocer a nivel internacional como la policía de referencia de Cataluña para la lucha contra el yihadismo, y de esta manera que le abrieran las puertas de Europa a nivel de Interpol, Europol, Sirene y demás organismos internacionales con la vista puesta en el establecimiento de estructuras de Estado a nivel de la Unión Europea como país que ellos se consideran”.
Y no erraba el CNP en sus valoraciones porque era lo que subyacía en las propias declaraciones de Espadaler y Trapero y en el diseño estratégico de la Generalitat, entonces comandada por Artur Mas.
Una policía autónoma con autonomía
Los planes de los Mossos para convertirse en una de policía catalana con plenos poderes y con presencia en los foros internacionales quedaron plasmados tras el atentado en La Rambla, el pasado mes de agosto. Trapero, ya convertido en Mayor, ninguneó al CNP durante la persecución de los autores de la masacre y sólo cedió ante la Policía y la Guardia Civil cuando se percató de la impotencia de los Mossos para continuar con una investigación que derivaba en ramificaciones internacionales, para la que no estaban preparados ni tenían competencias.
La Policía se mostraba aún más contundente cuando señalaba: “El objetivo no era otro que poner la rampa de salida para acceder a Europa sin contar con España. De esta forma la Generalitat sigue creando estructuras de Estado con proyección internacional a fin de consolidarse en este ámbito y presentarlo como hechos consumados para una futura independencia”.
El redactor del informe, de cuyo contenido fue informado el juez instructor de la Audiencia Nacional que dirigió la operación antiyihadista, se adelantaba dos años antes al comportamiento de los Mossos durante el proceso secesionista y la jornada del 1-O, hechos por los que Trapero fue apartado del mando y está siendo investigado.
Mientras los Mossos disfrutaban de un baño de multitudes, un grupo de inspectores de la Brigada de Información de Barcelona se vio sometido a una investigación judicial en la Audiencia Nacional tras ser denunciado por la propia policía autonómica. El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional citó a los agentes en calidad de imputados por los delitos de revelación de secretos y colaboración con grupo terrorista.
Según el grupo de Trapero, los funcionarios del CNP habían avisado a la célula yihadista por medio de un confidente de que los Mossos iban tras los terroristas. Finalmente, se pudo demostrar que todo era falso, pero la Brigada de Barcelona ya había sido apartada de la investigación como pretendían los Mossos. El 17 de febrero de 2015, con el visto bueno de la Fiscalía, el juez Santiago Pedraz dictó un auto de sobreseimiento y archivo de la pieza separada que había instruido, paralelamente a la investigación.