La Justicia ha imputado ya a 350 mossos por el referéndum ilegal del 1-O

Los mossos que decidieron obstaculizar la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil o que, simplemente, actuaron en plena omisión de su deber de impedir el referéndum ilegal del 1-O, han empezado ya a tener consecuencias jurídicas. 350 de ellos, de hecho, han sido ya citados por la Justicia en condición de investigados -lo que antes se denominaba imputados-.

Y es que el trabajo de búsqueda de pruebas sobre lo ocurrido ese día ha dado su fruto. El primer paso por parte de la Guardia Civil fue elaborar un listado con hasta 3.250 mossos identificados en actitudes contra las que se podía actuar disciplinariamente. En algunas ocasiones, por haber actuado con evidente omisión de su deber de control de los delitos el día del referéndum ilegal, tal y como avanzó OKDIARIO. En otras, y según consta en las pruebas remitidas a la Justicia, directamente por haber impedido o intentado impedir a los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional la retirada de las urnas.

El segundo paso ya se ha producido. Y, en estos momentos, la Justicia cuenta ya con un listado de 350 agentes de la policía autonómica catalana imputados. Agentes, todos ellos, que tendrán que dar explicaciones particulares al juez de la razón de su actuación. Pero partiendo de la base de que el cumplimiento de órdenes ilegales no exime de la pena. Y con una dificultad añadida: la cúpula de los Mossos se ha lavado las manos afirmando que no hubo órdenes de permitir la votación ilegal.

Los Mossos deberán tener en cuenta, además, otra cuestión. Y es que, incluso librándose de la actuación judicial, pueden acabar dentro de una sanción por comportamiento contrario a sus exigencias de actuación. Así, el Ministerio del Interior podría actuar disciplinariamente contra esos agentes de la policía autonómica cazados en infracciones, incluso en el caso de que su comportamiento no llegase a la gravedad necesaria como par ser considerado delito. Y eso, traducido, significa que, todos ellos deberán tener cuidado con sus lealtades o deslealtades a partir de ahora porque les pueden salir muy caras.

Los mossos identificados han sido cazados por las grabaciones que realizaron agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que actuaron de paisano dentro y fuera de los colegios electorales. También han sido detectados por testimonios cruzados o por referencias directas de los testigos que acudieron a los colegios o por denuncias que han llegado a la Policía sobre la falta de atención ante la reclamación por parte de ciudadanos de que actuasen para frenar las votaciones ilegales y prohibidas expresamente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Algunas conversaciones por móvil o radio realizadas por canales que sí quedaron grabados en el CTTI de la Generalitat, también han servido de base para realizar ese filtrado de agentes y datos. Todo ello, a pesar de que el empeño en ocultar las pruebas de la actuación policial el 1-O fue más que notable. Hasta el punto, como adelantó OKDIARIO, de que se utilizó un canal adicional a los habituales, y no registrado ni grabado, para determinadas comunicaciones con los agentes desplegados en los colegios electorales.

Con todo ello, la Policía sabe que cuenta, ya, con un nuevo mayor, Ferrán López -el sustituto de Trapero-, al que no ha dudado en condicionar en su cargo dependiendo de la labor y colaboración que muestre. Y con unos agentes que deberán tener presente que su historial interno recoge ya un grave incumplimiento del deber. A partir de ahí, deberán elegir su nueva actuación de cara a las elecciones el 21 de diciembre y en las semanas previas y preparatorias de esa fecha decisiva.