El juez abre diligencias a Errejón por estafar a la Universidad de Málaga por cobrar sin ir al trabajo

La justicia ha abierto diligencias por presunta estafa contra Íñigo Errejón por hallar indicios de responsabilidad penal en su actuación al cobrar su salario de profesor universitario, que era incompatible con otros ingresos. La investigación deberá precisar si hubo fraude a la Seguridad Social ya que Errejón era, al mismo tiempo, autónomo para facturar a Podemos como asesor  y empleado de la universidad pública.

Según el expediente, pese a estar contratado por la universidad de Málaga, solía hacer su trabajo «en su domicilio, en bibliotecas públicas y en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid». El expediente resaltaba que la posibilidad de hacer el trabajo lejos de Málaga, como mucho, debió ser ocasional, pero no algo reiterado, ya que, de otro modo «debería haber sido prevista en la convocatoria del preceptivo concurso».

El expediente, en poder de Okdiario, que le supuso su salida de la universidad pública fue tajante: el contrato de profesor era incompatible con cualquier otra percepción y debía realizarse en Málaga. Además, apuntaba que cualquier circunstancia para modificar esas condiciones laborales debían ser autorizadas por el organismo público contratante y no por su mentor Alberto Montero y de forma verbal.

En términos del expediente, «no puede modificarse mediante una mera autorización del investigador principal uno de los elementos esenciales de un acto administrativo y contractual». No en vano, el lugar de trabajo era «un elemento básico de la convocatoria». Por contra, su amigo Montero le dio una autorización verbal sin límites para trabajar fuera de Málaga. Es decir, en Madrid.

No obstante, Errejón no sólo estaba en Madrid mientras cobraba como profesor universitario de Málaga. En ese periodo viajó por Latinoamericana en representación de Podemos. Además, el salario de profesor era «incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes».

En relación a esta incompatibilidad, el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga ha dictado un auto en el que abre diligencias previas sobre la querella presentada por Manos Limpias por un presunto delito de estafa contra el número 2 de Podemos, Iñigo Errejón, cometido en sus relaciones laborales como investigador en la Universidad de Málaga. Las actuaciones, al tratarse de un aforado —Errejón es diputado— se trasladarán al Tribunal Supremo. El auto, al que ha accedido Okdiario, señala que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

La Universidad de Málaga suspendió de manera cautelar de empleo y sueldo a Errejón mientras estudiaba si incumplió sus obligaciones laborales y la Ley de Incompatibilidades de la Administración Pública.

Querella de Manos Limpias

Manos Limpias presentó el pasado mes de marzo en los juzgados de guardia de Madrid una querella por presuntos delitos de estafa y contra la Seguridad Social para esclarecer si el dirigente de Podemos actuó con «malicia, engaño y maquinación, se aprovechó de la Administración y la Universidad y se apropió de una fuente de ingresos de dinero público».

Según su querella, en marzo del pasado año Errejón firmó un contrato de trabajo por obra y servicio a tiempo completo con la Universidad de Málaga, a través del que se obligaba a realizar tareas centradas en distintos campos de análisis relacionados con la vivienda.

Este contrato se encontraba vinculado al acuerdo de servicios suscrito por el centro universitario con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, para el desarrollo del proyecto de I + D + i. Su nombre: ‘La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda’.

El director de dicho proyecto de investigación era Alberto Montero Soler, «a quien precede una excelente relación» con Errejón, según apunta la querella. Una relación que se fue «estrechando con el transcurso del tiempo, concretamente en los años 2013 y 2014, años en los que ambos han compartido presidencia y secretaría, respectivamente, dentro de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS)».

Los querellantes sostienen en su escrito que ambos «cooperaron activamente en diferentes campañas y actos como miembros de la dirección de Podemos, desde la creación de este partido el pasado 17 de enero de 2014».

En contraprestación por su trabajo en el centro educativo, se estableció que Errejón cobraría de 1.825 euros brutos mensuales que, efectivamente, percibió desde la firma del contrato, el 17 de marzo de 2014, hasta el 16 de diciembre del mismo año.

A pesar de la incompatibilidad para el ejercicio de actividades privadas y la obligatoriedad de realizar el trabajo de investigación en las instalaciones del Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho, el sindicato afirma que Errejón estuvo realizando «trabajos remunerados para Podemos, al tiempo que cobraba la retribución correspondiente al contrato» con la Universidad de Málaga.

Y ello fue, según la querella, por su «especial relación» con Alberto Montero, que, además, permitió a Errejón soslayar los términos y cláusulas establecidas en el contrato suscrito con la Universidad de Málaga.