El nuevo presidente de Tragsa aprobó pagar 130.000€ públicos para tapar una denuncia de acoso sexual

Otra lección de feminismo del PSOE. El nuevo presidente de Tragsa, ​Jesús Casas Grande, aprobó pagar 130.000 euros públicos para tapar la denuncia por acoso sexual que una empleada había presentado contra un directivo de la empresa pública, dedicada a la conservación de los espacios naturales.

Ocurrió en julio de 2011, el último año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando Jesús Casas formaba parte del consejo de administración de Tragsa como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, un cargo que dependía del Ministerio de Medio Ambiente.

Una empleada del departamento de comunicación de Tragsa acudió a los Juzgados de Madrid para denunciar que llevaba meses sufriendo acoso laboral y sexual por parte de su inmediato superior, el entonces director de Relaciones Institucionales de la empresa pública, Manuel Vidal López.

Según la denuncia, Manuel Vidal había propuesto en octubre de 2010 a la empleada «mantener una relación sentimental», a lo que ella se opuso. Ante esta negativa, el directivo comenzó a someter a la mujer a situaciones de «maltrato, insultos, acusaciones, coacciones, amenazas y vejaciones, en presencia de terceras personas o a solas», tal como informaron entonces varios medios de comunicación.

«Acoso laboral y sexual»

En su denuncia, la empleada de Tragsa también explicó que su superior le hacía «manifestaciones groseras sobre la forma de vestir, insinuaciones de carácter y contenido sexual explícito, provocaciones y acoso sexual».

Tras sufrir esta situación durante varios meses, la mujer obtuvo la baja médica en junio de 2011: presentaba un cuadro de «trastorno adaptativo ansioso» y «ansiedad generalizada», por lo que precisó atención psicológica.

Ante esta denuncia, la dirección de Tragsa puso sus servicios jurídicos a disposición de su director de Relaciones Institucionales, Manuel Vidal, para defenderle en los tribunales. Manuel Vidal había sido concejal socialista en el Ayuntamiento de Marín (Pontevedra) y formaba parte del grupo de dirigentes del PSOE gallego que había desembarcado en el Gobierno de Zapatero de la mano del entonces secretario de Organización del PSOE, José Blanco. Al igual que la entonces presidenta de Tragsa, María Luisa Graña.

La mediación de los abogados de Tragsa dio sus frutos: con el fin de evitar que la denuncia por acoso laboral y sexual siguiera adelante en los tribunales, la empresa accedió a pagar a la empleada una indemnización de 130.000 euros para obtener su silencio y tapar el escándalo: 40.000 euros por despido improcedente y otros 90.000 euros como indemnización extraordinaria.

Un sindicato denunció los hechos

Mediante este acuerdo extrajudicial, la mujer desistió de su denuncia, que quedó archivada. En aquel momento, el actual presidente de Tragsa, Jesús Casas, era miembro del consejo de administración de la empresa pública y, por tanto, corresponsable de las cuentas de la entidad.

No puede alegar desconocimiento, ya que el sindicato CSIF se encargó de informar de lo sucedido en una carta dirigida a todos los miembros del consejo de administración de Tragsa y la SEPI (que posee el 51% de su accionariado).

El sindicato denunció que el escándalo se había tapado con 130.000 euros públicos del presupuesto de Tragsa. A través de los medios de comunicación, CSIF exigió que la empleada denunciante fuera readmitida en la plantilla, se cesara de su cargo a Manuel Vidal y se le obligara a pagar de su bolsillo los 130.000 euros de la indemnización. Como director de Relaciones Institucionales, Vidal era además el responsable del Plan de Igualdad de Tragsa.

En aquel momento, Jesús Casas tuvo conocimiento de los hechos, era miembro del consejo de administración de Tragsa y, por tanto, avaló el pago de 130.000 euros de dinero público para tapar una denuncia de acoso sexual en la empresa.

Fue director del Instituto de la Mujer

Ahora, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha colocado a Jesús Casas como presidente de Tragsa, a través del accionariado que la Administración central controla a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Durante los últimos tres años (desde agosto de 2015), Jesús Casas ha sido director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Gobierno regional de Asturias, que preside el socialista Javier Fernández.

Con anterioridad, Casas ha sido director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (entre 1999 y 2001) y director-conservador de los parques nacionales de Doñana, Tablas de Daimiel y Picos de Europa.

Entre 2012 y 2015 fue subdirector general de Programas del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Nacido en Madrid hace 58 años, Jesús Casas es ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).