Un juez del TS pidió a Velasco que se inhibiera tras recordarle que su mujer fue contratada por González

El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusación por parte de los abogados de Ignacio González.

El juez del Supremo contactaba con el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en la mañana del pasado viernes, poco después de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid fuera detenido en su domicilio de Aravaca, en la periferia de Madrid, como pieza principal de la denominada ‘operación Lezo’.

Marchena manejaba información de primera mano, obtenida de una periodista: la esposa de Velasco, la abogada Beatriz Saura Alberdi, había conseguido, en octubre de 2012, un contrato externo en un organismo adjunto de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad, por indicación directa del entonces recién nombrado presidente de Madrid, Ignacio González, a quien una persona próxima al juez de la Audiencia Nacional le había pedido el favor, según ha podido saber OKDIARIO. Paradójicamente, seis años después, el empleador de la esposa del magistrado, se sentaba ante él como reo y, horas después, era conducido en un furgón a la cárcel de Soto del Real.

Se daba la curiosa circunstancia de que Marchena, el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo que apartó de la carrera judicial a Baltasar Garzón, advertía a Velasco sobre las intrigas en torno a su mujer, que durante un tiempo, cuando se quedó sin trabajó, probó suerte como abogada en el despacho del ex magistrado inhabilitado de la Audiencia Nacional.

Algunos medios periodísticos han adjudicado la contratación de la abogada alicantina al ex consejero Salvador Victoria, sin embargo en aquella fecha, desde un mes antes, ya era consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz, cargos en los que se mantuvo hasta junio de 2015. Entonces, se vio obligado a dimitir por las investigaciones del juez Velasco en el ‘caso Púnica’. El número dos de González fue imputado por el magistrado por pedir, supuestamente, a la empresa INDRA que saldara una deuda de 10.000 euros que la Comunidad de Madrid mantenía con uno de los detenidos en la operación policial. El consejero desde el primer momento negó la acusación, aunque dimitió para no afectar las negociaciones entre el PP y Ciudadanos.

En octubre de 2012 el consejero de Asuntos Sociales era Jesús Fermosel, hoy día senador por designación de la Comunidad de Madrid.

Salvador Victoria, ex consejero de Asuntos Sociales y de Presidencia y Justicia, se negó a confirmar ni desmentir a OKDIARIO la relación laboral de la esposa de Velasco con la Consejería de la Comunidad de Madrid: «Desde que dejé la política he decidido no hacer declaraciones y no voy a romper ahora ese compromiso», señaló.

Avisó al juez Velasco

El magistrado del Supremo se decidió a llamar a su compañero de la Audiencia Nacional, “única y exclusivamente, para advertirle de que la prensa ya tenía esa información en su poder y que podía tener problemas por los antecedentes de la contratación”, según fuentes judiciales. Las mismas fuentes niegan la intención por parte de Marchena de presionar o influenciar en Velasco. Además, habría sido una labor infructuosa pues el titular del Juzgado número 6, nacido en Bilbao, tiene fama entre sus compañeros de judicatura de ser una persona trabajadora, insobornable y tozuda.

El magistrado de la Audiencia Nacional recibió con cierta preocupación la llamada de su compañero del edificio vecino del Supremo, en la otra esquina de la Plaza de París, por lo que algunos pudieran estar cociendo a sus espaldas, pero no le cogió por sorpresa. Los agentes de la UCO de la Guardia Civil ya le habían puesto sobre aviso. En una de las conversaciones de González, intervenidas por la Guardia Civil, el ex presidente aseguraba a su interlocutor que el juez Velasco estaba contaminado porque su esposa había trabajado para la Comunidad de Madrid, siendo él presidente.

Con la advertencia de la UCO y de su compañero del Supremo, Velasco se reservó un movimiento de ficha por sorpresa. Antes de iniciar el interrogatorio, le preguntó a González: “¿Hemos comido usted y yo alguna vez?”. Y el ex presidente de la Comunidad de Madrid, sorprendido con la pregunta, le contestó: “No”. Y el magistrado insistió: “¿Cree usted que existe alguna incompatibilidad que pudiera propiciar la recusación de este juez?”. La respuesta fue también negativa.

Tras ese arranque y el posterior interrogatorio, ni los fiscales anticorrupción ni Ignacio González se sumaron a la solicitud de ninguna medida de recusación.

Beatriz Saura Alberdi, la esposa de Velasco, es una prestigiosa abogada que copreside la sección de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Madrid. También es directora de penal y compliance en el despacho Legal y Económico, dirigido por Pedro Martín Molina. Con anterioridad ha sido fiscal sustituta de Madrid durante cuatro años y secretaria judicial en la Audiencia Nacional. La letrada ha escrito a medias con Velasco el libro «Cuestiones Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance», el cumplimiento de las normativas internas de las corporaciones, mediante el código de buenas prácticas.