Trump justifica el asesinato del general iraní Soleimani: «Era el terrorista número uno del mundo»

El pasado 3 de enero, EEUU asesinó en Bagdad el general iraní  Qasem Soleimani, algo que ha provocado una guerra abierta entre Irán y los estadounidenses. Donald Trump ha vuelto a justificar el bombardeo asegurando que el militar era «el terrorista número uno del mundo».

«Creo que ha sido totalmente coherente (…). Hemos matado a Soleimani, el terrorista número uno del mundo según todas las fuentes. Una mala persona», ha afirmado Trump.

«Ha matado a muchos americanos. Ha matado a mucha gente. Le hemos matado (…). Hemos matado al terrorista número uno del mundo, Soleimani, y debería de haberse hecho hace veinte años», ha insistido.

En clave interna, Trump ha denunciado que «los demócratas tratan de defenderle», a Soleimani, «una desgracia para nuestro país». «No pueden hacer eso. Permítame que le diga que no funciona políticamente muy bien para ellos», ha señalado.

Soleimani murió junto al ‘número dos’ de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) –una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Teherán–, Abú Mahdi al Muhandis, y varios milicianos iraquíes, tras lo que Irán prometió que se vengaría por el ataque.

En respuesta a la muerte de Soleimani, Irán atacó el miércoles con misiles dos bases militares situadas en Irak en las que se encuentran desplegados soldados estadounidenses, en lo que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, describió como «una bofetada» a Washington.

Trump aseguró horas después que los ataques se han saldado sin bajas, si bien un responsable de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que en los mismos han muerto al menos a 80 militares estadounidenses.

Por su parte, las autoridades iraquíes criticaron duramente el bombardeo contra Soleimani y las FMP y recalcaron que esta coalición de milicias fue un elemento importante en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.

Así, el Parlamento iraquí aprobó el 5 de enero una moción que exige la expulsión de las tropas estadounidenses del país y obliga al Gobierno a comprometerse a hacer público cualquier acuerdo que alcance en el futuro para la presencia de asesores y formadores militares extranjeros.

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