Trump despide a una docena de fiscales que colaboraron en las investigaciones judiciales contra él

Hay un viejo proverbio chino que dice: «Si esperas pacientemente en el umbral de tu casa, verás pasar el cadáver de tu enemigo»; salvando todas las distancias, es lo que parece tener claro el presidente norteamericano, Donald Trump. Porque uno de sus máximos detractores, el fiscal especial Jack Smith, el demócrata que propició la imputación de Trump por la gestión de documentación clasificados y por su relación con el asalto al Capitolio, dimitió pocos días antes de la investidura del presidente.

Y este mismo lunes, el Departamento de Justicia, o sea, su Ministerio de Justicia, ha anunciado el despido de varios de sus fiscales, funcionarios de carrera, que participaron en las investigaciones judiciales contra Trump en los dos casos citados.

El fiscal general interino de la Administración Trump, James McHenry, ha procedido al despido a más de una docena de fiscales que trabajaron con Jack Smith, diciendo que «ya no se podía confiar en que hicieran su trabajo». «No se puede confiar en que estos funcionarios ayuden a implementar fielmente la agenda del presidente».

En concreto, los fiscales despedidos colaboraron en la investigación del fiscal especial Jack Smith. Los dos cargos contra Trump fueron archivados  finalmente tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024, en base a la tradición de no procesar a presidentes en el cargo.

«Hoy el fiscal general en funciones James McHenry ha despedido a varios cargos del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel importante en el encausamiento del presidente Trump», ha indicado un portavoz del Departamento de Justicia citado por la cadena de televisión estadounidense NBC.

Una fuente conocedora de la medida citada por NBC ha concretado que se trata de los fiscales de carrera Molly Gaston, J.P. Cooney, Anne McNamara y Mary Dohrmann. Todos ellos serían funcionarios federales de carrera, por lo que no pueden cesados directamente y debe abrirse un proceso legal.

En concreto, primero deben recibir avisos y una notificación y deben poder contratar a abogados para recurrir formalmente cualquier proceso sancionador que implique la pérdida de sus empleos.