La transición de Sudán enroca y se torna violenta

Una nueva oleada de ataques contra los sudaneses congregados en la plaza localizada enfrente del cuartel militar de la capital sudanesa, Jartum, ha dejado un balance de, al menos, doce víctimas mortales e “innumerables heridos” que se podrían contabilizar por centenares, según el Comité Central de Médicos de Sudán, agrupación que codirige las manifestaciones, junto con la Asociación de Profesionales de Sudán (SPA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con esta última organización, el Consejo Militar de Transición habría desplegado una cantidad significativa de tropas para desalojar a los manifestantes que exigen la entrega del poder a un Gobierno civil. En esta línea, la SPA acusa al Consejo Militar de continuismo con el régimen del expresidente Omar al-Bashir y de utilizar a las fuerzas de seguridad, a la Policía y a las milicias paramilitares contra los sudaneses que se concentran de forma pacífica. Cabe recordar que todas ellas son entidades que estaban vinculadas al sistema oligárquico del anterior mandatario y que se enfrentaban tradicionalmente con las Fuerzas Armadas en las manifestaciones. Otras fuentes apuntan a que los ataques serían responsabilidad de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una milicia paramilitar, y la Policía.

El Comité Central de Médicos ha respaldado las acusaciones realizadas por la SPA y ha denunciado que las fuerzas del Consejo Militar disparan contra los manifestantes pacíficos incluso cuando se encuentran dentro de recintos hospitalarios. Por ello, la agrupación de doctores ha solicitado al Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) y a las ONGs internacionales que les briden ayuda y protección humanitaria para poder seguir tratando a los heridos por la munición real empleada en las protestas, como granadas o armas de fuego, y por gases lacrimógenos.

La SPA también ha lanzado un llamamiento para que se bloqueen las principales arterias de la capital y de otras ciudades, así como los puentes y las carreteras, con el objetivo de “proteger la revolución” y “derrocar” a la Junta Militar que se formó para dirigir el proceso transitorio, con una duración estipulada en máximo dos años.

Mientras, el Consejo Militar de Transición y la oposición, aglutinada en las Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (DFCF, por sus siglas en inglés) – que ha acusado al Consejo de ser “golpista, traidor y asesino” tras los últimos acontecimientos – siguen varados en las negociaciones que deben dar forma y contenido a la transición sudanesa tras la caída de al-Bashir el pasado 11 de abril.

Ambas partes han logrado el entendimiento sobre la nueva organización política que vertebrará al país africano con la creación de crear un Consejo Soberano, que reemplazaría al Consejo Militar en el gobierno de la etapa transitoria hasta la convocatoria de comicios, y el establecimiento de un posterior Gabinete de ministros y una cámara legislativa con el resultado de dichas elecciones. No obstante, las presiones del Ejército por mantener a los efectivos militares dentro de las estructuras de poder político han provocado el cese de las negociaciones en sucesivas ocasiones.

Por ello, los sudaneses siguen acampados en la plaza localizada en frente del cuartel del Ejército exigiendo la entrega del Gobierno a una entidad civil, que rompa de forma efectiva con los lazos del mandato de al-Bashir y su compendio de personalidades, organizaciones y milicias leales al exmandatario. Estas fuerzas paramilitares han llevado a cabo ataques contra los manifestantes desde mediados de marzo, los cuales han derivado en enfrentamientos que han dejado, a su vez, un balance de un centenar de víctimas mortales. A mediados de marzo, otra oleada de ataques se producía contra la congregación pacífica, dejando una decena de fallecidos. Entonces, el Consejo Militar responsabilizó a “un grupo que intenta hacer fracasar el acuerdo” entre las partes implicadas en la transición.

Estos acontecimientos han levantado el interés de los vecinos regionales de Sudán y, en concreto, de las monarquías del Golfo. Tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos se han comprometido a enviar 3.000 millones de dólares con el objetivo de apoyar el proceso transitorio a través del reforzamiento de la posición financiera del país, el alivio de la presión de la libra sudanesa y la estabilización de la tasa de cambio.

En cambio, las relaciones bilaterales entre el país africano y Qatar se están tensando. El 31 de marzo, el Consejo Militar tomó la decisión de cerrar la oficina de la cadena qatarí Al Jazeera ubicada en Jartum y prohibir a los reporteros de esta informar sobre los acontecimientos que se están desarrollando en Sudán. Así, el Gobierno sudanés llamó a consultas a su embajador en Qatar, quien tuvo que regresar a Jartum por motivos que no se han hecho públicos, aunque se cree que tienen relación con la cuestión de Al Jazeera. El Ministerio de Exteriores de Qatar, por su parte, explicó que habían recibido una notificación de que el diplomático se encontraba de “breve permiso” en su país de origen.