El régimen chavista detiene a la hispanovenezolana Rocío San Miguel y la acusa de «traición y terrorismo»
La activista hispanovenezonala Rocío San Miguel ha sido detenida en Venezuela junto a su familia, acusados de «traición, conspiración y terrorismo». Defensora de los derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, la activista fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto de Caracas acusada por las autoridades de «participar en los planes de desestabilización contra el Gobierno de Nicolás Maduro».
«Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho muy grave que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas», denunció el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Desde Amnistía Internacional han lanzado una acción urgente nacional por Rocío y su familia. Además, la organización exige al presidente venezolano «su libertad inmediata e incondicional», así como que «se garantice su integridad personal».
Amnistía Internacional lanza acción urgente mundial por Rocío San Miguel y su familia.
Amnistía Internacional exige a Nicolás Maduro su libertad inmediata e incondicional y que se garantice su integridad personal.
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— amnistia . org 🕯 (@amnistia) February 13, 2024
A última hora de la noche del martes, Joel García, el abogado de la activista pro Derechos Humanos hispanovenezolana ha confirmado la liberación de sus familiares.
Tanto su hija, Miranda Díaz, como su ex marido Víctor Díaz y sus dos hermanos, Alberto y Miguel Ángel, tendrán que personarse de forma asidua ante la justicia, no podrán salir del país y tampoco podrán dar declaraciones a los medios de comunicación.
Asimismo, ha informado en redes sociales, de que Rocío San Miguel se encuentra detenida en el edificio del Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) junto con su expareja, Alejandro González.
El PP pide a Borrell que responda
En España, ha sido el Partido Popular el que ha reclamado este martes a Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, que se pronuncie ante esta detención.
Leopoldo López Gil, eurodiputado del PP, ha aprovechado una pregunta parlamentaria para exigir «acciones urgentes» ante «la desesperación forzada» de cuatro ciudadanos españoles, apuntando que la UE debe conocer su paradero y exigir su puesta en libertad.
«Estamos observando un modus operandi sistemático del régimen venezolano de utilizar rehenes como fichas de negociación para el alivio de sanciones», ha declarado.
«Un atropello injustificable»
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), no ha dudado en declarar que el caso de la activista hispanovenezolana es todo un «atropello injustificable». Así es como lo ha definido Luis Almagro, que se ha mostrado crítico ante la «criminalización» de los defensores de los derechos humanos.
Además, ha utilizado su perfil oficial en redes sociales para condenar «la detención arbitraria» de los familiares de Rocío San Miguel y pedir «su liberación».