Peligro en Colombia: más de 1.000 terroristas de las FARC rechazan la paz de Santos y siguen armados

¿Son disidentes o son un reducto que queda en el monte por si las FARC no alcanzan su objetivo de tomar el poder? Colombia se enfrenta a un enorme peligro: más de 1.000 narcoterroristas de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se niegan a aceptar los acuerdos de paz firmados por su líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, con el presidente del país, Juan Manuel Santos.

Y eso que el texto, que se aprobó hace ahora un año saltándose la decisión popular en plebiscito —el 2 de octubre de 2016, más de la mitad de los votantes colombianos rechazaron el pacto alcanzado bajo los auspicios de la dictadura cubana—, les reconoce innumerables prebendas y ventajas: impunidad jurídica, dinero para su transición a la vida civil, escaños asegurados en el Parlamento, emisoras de radio para propagar su mensaje…

Las FARC han cambiado de nombre manteniendo las siglas. Ahora se hacen llamar Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Presentan a Timochenko, su número uno de los asesinatos, extorsiones, narcotráfico y secuestros, a las elecciones presidenciales del próximo mayo y han entregado un montante de sus armas que todos los expertos independientes cifran en alrededor del 40%.

Los terroristas que han liderado el mayor cartel de cocaína del mundo no han entregado el dinero que tienen escondido en paraísos fiscales, pero sí están ya recibiendo la financiación del Estado para sus actividades políticas. Y aun así, a pesar de todas estas facilidades, más de 1.000 de los supuestos 8.000 elementos armados con los que contaban las FARC han decidido quedarse en el monte.

Millones de pesos, escaños asegurados, impunidad a pesar de los cientos de miles de muertos a sus espaldas, mensaje difundido con emisoras pagadas por el erario público… el objetivo es claro: alcanzar el poder, abrir las puertas de la Casa de Nariño —palacio presidencial en Bogotá— y establecer su «revolución» a imagen y semejanza de la de sus aliados bolivarianos en Venezuela o castristas en Cuba.

Por eso, los colombianos temen que esos más de 1.000 terroristas no desmovilizados no sean sólo meros disidentes —más allá de que es un número enorme de elementos armados para seguir ejerciendo el narcotráfico y la extorsión—, sino algo más. Una milicia preparada, entrenada, armada y adinerada a la espera de intervenir.

No piensa así el presidente de Colombia, que se ganó el premio Nobel de la Paz tras cerrar el acuerdo con la narcoguerrilla, que está en plenas conversaciones con el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que, a pesar de todo, dejará la presidencia en unos meses hundido en las encuestas de aprobación. Nadie cree en Santos: su rechazo está cerca del 80%, porque la economía no remonta, las inversiones extranjeras no llegan y la seguridad jurídica no aparece como el elemento clave que es para la estabilidad de un país.

Juan Manuel Santos se contenta con decir que la proporción de guerrilleros de las FARC que ha decidido mantener la lucha armada es inferior al nivel de disidencia registrado en otros acuerdos de paz de todo el mundo. «En todos los conflictos armados siempre queda un remanente de gente que no se acoge a los acuerdos de paz. En el caso colombiano, el porcentaje es menor al de los demás acuerdos», ha afirmado durante la inauguración de la semana de la seguridad ciudadana.

Santos dice que son menos que la media

Según Santos, citado por Caracol Radio, mientras que la media de combatientes díscolos en otros procesos de paz es del 15%, él cifra en no más de un 7% de los miembros de las FARC que «se han negado a adherirse a los textos de La Habana».

Más allá de que las cifras no casen con las de los analistas independientes citados por medios como Vanguardia.com o los «más de 800» que calcula el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, el riesgo es enorme: el poder que adquieren las columnas de disidentes, manejando el negocio de la droga, es enorme.

La Fundación Paz y Reconciliación apunta a un número que rondaría los 700 hombres y mujeres armados con intención de continuar en la senda del delito. Pero fuentes de seguridad consultadas por Reuters confirman que en realidad la cifra sí alcanza el millar.

Aunque las Fuerzas Armadas han sido autorizadas por el Gobierno a bombardear desde aviones y helicópteros a los remanentes de la narcoguerrilla, hasta ahora no se han logrado resultados, porque, según han explicado fuentes militares, se ocultan o usan a la población civil como escudo.

La Casa de Nariño pronto será ocupada por otro inquilino, muy probablemente procedente de la alianza entre el Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe y el Partido Conservador del también ex mandatario Andrés Pastrana.

Ellos limaron sus rencillas en 2016 uniendo fuerzas en la campaña por el NO a los acuerdos de Santos con Timochenko. Ahora, lideran una apuesta electoral por darle la vuelta a ese pacto y todas las encuestas dan ganador al candidato o candidata que elijan, sea éste Iván Duque —el favorito en el CD—, Marta Lucía Ramírez o el ex procurador Alejandro Ordóñez —los aspirantes del bloque conservador—.

Santos, en un último intento de ganar credibilidad ante su pueblo, dijo la semana pasada en un encuentro con corresponsales extranjeros: «A esas disidencias les vamos a caer con todo. No vamos a tener ninguna contemplación». Tiene 1.000 enemigos todavía. Armados y ricos.