La OEA acuerda “no reconocer la legitimidad” del segundo mandato del dictador Maduro

Luis Almagro
Luis Almagro, secretario general de la OEA. (AFP)

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha decidido este jueves en sesión extraordinaria "no reconocer la legitimidad" del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, que ha comenzado oficialmente este jueves, pese al amplio rechazo internacional.

“Con 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia, el Consejo Permanente de la OEA acuerda ‘no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019′”, ha anunciado el bloque regional en Twitter.

El Consejo Permanente ha argumentado en su resolución que este segundo mandato “es el resultado de un proceso electoral ilegítimo” celebrado el 20 de mayo de 2018 “por no haber contado con la participación de todos los actores políticos de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”.

Para remediarlo, el bloque regional ha hecho un llamamiento “para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana y con presencia de observadores internacionales”.

Además, ha abogado por “un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos” para “alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos”.

Al “régimen venezolano” le ha pedido “la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos” y “que permita el inmediato ingreso de ayuda para el pueblo de Venezuela, incluyendo vigilancia epidemiológica para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria”.

Entretanto, ha instado a sus países miembro a “adoptar, de conformidad con el Derecho Internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela”.

El Consejo Permanente ha aprovechado para ratificar su “activa solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de mantener bajo seguimiento la situación en Venezuela y apoyar medidas diplomáticas que faciliten la restauración de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los Derechos Humanos”.

Punto de inflexión

El líder ‘chavista’ ha tomado posesión este jueves para un segundo mandato, conforme al resultado de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de mayo, en las que se impuso con un 67 por ciento de los votos, de acuerdo con datos oficiales.

La oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional no reconocieron los resultados electorales por considerar que fueron producto de un proceso fraudulento y, en consecuencia, tampoco reconocerán el segundo mandato de Maduro.

Así, trece países del Grupo de Lima — Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía–, Estados Unidos y Canadá, además de la UE y sus estados miembro, incluido España, no han enviado representantes.

México, el otro integrante del Grupo de Lima, ha optado por enviar al encargado de negocios de su Embajada en Caracas, rebajando con ello el nivel de representación que correspondería por reciprocidad, dado que Maduro sí acudió a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, celebrada el 1 de diciembre en Ciudad de México.

El Grupo de Lima ha anunciado que, a partir del 10 de enero, iniciará una ofensiva diplomática contra Maduro y su Gobierno para forzarle a celebrar unas elecciones “creíbles”. Estados Unidos ya ha ampliado su lista de sanciones contra la cúpula venezolana y la UE se mantiene a la expectativa.

Maduro ha respondido dando un ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima –al quien considera una marioneta de Estados Unidos– para que corrija su actitud “injerencista”, bajo amenaza de adoptar “las medidas más crudas y enérgicas en diplomacia y en defensa de un Gobierno”.

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