Los narcoterroristas de las FARC inician su desarme

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han iniciado su desarme en lo que ha sido calificado como «día histórico» tanto por el Gobierno como por la guerrilla porque supone un paso más en la consolidación de la paz firmada el año pasado.

Los narcoterroristas anunciaron el martes que hoy empezarían el registro y la entrega de todos sus arsenales al personal de Naciones Unidas para que los destruya y con sus restos erija tres monumentos en memoria de los más de ocho millones de víctimas que ha dejado la guerra en Colombia.

«Hoy es un día histórico. Entregamos las armas a la ONU para su destrucción. De las armas a las palabras», ha escrito en su cuenta oficial de la red social Twitter el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’.

«Hoy es un día histórico para el país: las FARC dicen adiós a las armas para cambiar la violencia por la reconciliación. La paz avanza», ha escrito, por su parte, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la misma red social.

El jefe de Estado ha enfatizado, en el marco de un evento turístico, que el hecho de que «hoy las FARC marchen hacia la legalidad» significa que «la guerrilla ha dejado de ser el gran obstáculo para el progreso» de Colombia.

Santos ya subrayó el martes, poco después de que el grupo armado anunciara el inicio de su desarme, que este proceso confirma que Colombia «ha entrado en una etapa irreversible de consolidación de la paz» y se comprometió a «hacer realidad sus frutos» durante el postconflicto.

No obstante, ha lamentado que «muchos no han visto, o no quieren ver, la trascendencia de haber acabado un conflicto de más de medio siglo, haber detenido esa fábrica de víctimas que es la guerra, y de que vivamos los días más pacíficos en 40 años».

La Misión de Naciones Unidas en Colombia, que jugará un papel clave en el desarme de las FARC, ha recibido «con beneplácito el consenso de las partes de iniciar sin más demora el proceso de dejación de armas», de acuerdo con un comunicado.

Plazo de 180 días

Conforme al calendario pactado en el acuerdo de paz, este 1 de marzo -90 días después de la fecha de ratificación del mismo en el Congreso, el pasado 1 de diciembre- debe comenzar la recolección y el almacenamiento del 30 por ciento de las armas que poseen las FARC.

Los primeros en entregar sus armas serán los guerrilleros que integran el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), del que forman parte el Gobierno, las FARC y la ONU y que se encarga de supervisar el cumplimiento de la tregua y el desarme.

Los 450 observadores de Naciones Unidas se desplegarán en las 26 zonas veredales y los puntos transitorios en los que se han concentrado los más de 6.000 guerrilleros de las FARC para completar allí su paso a la vida civil.

El personal de la organización internacional se encargará de identificar y registrar todas las armas entregadas por los insurgentes y de instalar los contenedores en los que deberán almacenarse hasta que sean destruidas.

«En paralelo y en coordinación con las FARC, la Misión de la ONU empezará de inmediato el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos», ha indicado Naciones Unidas.

El Gobierno confía en recibir unas 7.000 armas de las FARC, basándose en los listados que ha proporcionado la guerrilla, que –según el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo– las autoridades colombianas tienen la potestad de verificar «con el fin de estar plenamente seguros».

Jaramillo ha revelado asimismo que las FARC podrían hacer pública la primera parte del desarme para «que sea una cosa más vistosa, porque le conviene a todo el mundo que los colombianos vean que realmente terminó» la guerra.

En un mes, el 1 de abril, comenzará la recolección y el almacenamiento de otro 30 por ciento de las armas de las FARC y, a partir del 1 de mayo, se sumará el 40 por ciento restante con el objetivo de completar el proceso el 29 de mayo.

Retraso acumulado

Los textos de La Habana, negociados durante cuatro años, establecen que el grupo armado debe haber completado su desarme en el plazo de 180 días a contar desde el día en el que fueron ratificados, es decir, el 1 de diciembre de 2016.

Sin embargo, el calendario se ha retrasado por la falta de adecuación de las zonas y puntos donde se han concentrado las FARC, ya que algunos de estos lugares, según han denunciado la guerrilla y la ONU, carecen de instalaciones básicas.

A pesar de las dilaciones, el Gobierno colombiano ha insistido en que mantendrá el 1 de junio como fecha límite para el desarme. La ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, se ha declarado «optimista» a este respecto, si bien ha admitido que se trata de un asunto «complicado».

«Confiamos en que este proceso se pueda acelerar dentro de una dinámica virtuosa de avances simultáneos en la implementación de todas las dimensiones del acuerdo de paz que inspire confianza a los actores del conflicto y a toda la sociedad colombiana», ha añadido la ONU.

Garantías de seguridad

Las FARC han reclamado al Gobierno, como contrapartida al inicio del desarme sin que haya concluido la construcción de las zonas y puntos de concentración, que acelere la implementación del acuerdo de paz para dar garantías de seguridad a los guerrilleros.

La insurgencia ha recordado a este respecto el «triste exterminio de alternativas opositoras en Colombia», en alusión a la masacre de los miembros de Unión Patriótica, el partido político surgido de la extinta guerrilla del M-19, y a los asesinatos de líderes sociales.

Las FARC han exigido en concreto la aplicación de la Ley de Amnistía «sin más retrasos», que tiene dos vertientes: una destinada a dar «las más amplias amnistías» a los guerrilleros implicados en delitos políticos o conexos y un tratamiento penal especial para garantizar un trato equitativo a los agentes del Estado.

En ambos casos se excluyen los «crímenes más graves» y los que recaen en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) –crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio–, que, conforme a la normativa internacional, no pueden ser amnistiados.

El Alto Comisionado para la Paz ya anunció el martes que en los próximos días su oficina firmará las resoluciones para amnistiar a 1.200 guerrilleros con el fin de garantizar su «seguridad física y jurídica». Fuentes gubernamentales consultadas por ‘El Tiempo’ han explicado que cada caso deberá ser revisado por un juez para que ratifique la amnistía.

Las FARC han confiado en que Santos, «el Nobel de Paz que hoy preside los destinos de Colombia en el tramo final de su Gobierno, dedique sus mayores esfuerzos a la implementación de los acuerdos, porque de ello depende la construcción de la paz con la que hemos soñado toda la vida».