Iván Márquez, nº2 de las FARC no recoge su acta de senador asustado tras la detención de Santrich

Huyen de su propio proceso, acordado y sellado con el presidente en ejercicio, aunque se tuviera que saltar la voluntad popular expresada en plebiscito. Los narcoterroristas de las FARC ya no se creen ni los textos que forzaron insinuando que sólo así bajarían del monte y acabarían con más de 50 años de extorsiones y asesinatos. El ‘número dos’ de las FARC, Iván Márquez, ha anunciado que no tomará posesión del escaño en el Senado. Tiene miedo de que tras las presidenciales, salte por los aires la componenda con Juan Manuel Santos y un Gobierno de Iván Duque —el favorito en las encuestas, cabeza de cartel del Centro Democrático— lo «detenga por narcotráfico».

El escaño le fue asignado al también número dos del partido surgido de la narcoguerrilla —que repite sus siglas— que tras las parlamentarias celebradas el pasado 11 de marzo en Colombia. Pero tras el arresto de su correligionario líder terrorista Jesús Santrich, acusado por la DEA de EEUU de haber continuado con el tráfico de cocaína, Márquez se teme que el siguiente sea él.

«¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador y que me vayan a decir que soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas», ha dicho en una entrevista concedida al canal colombiano CM&. «Necesitamos respeto. Prefiero dejar esa joda allá», ha llegado a espetar, en el habitual tono condescendiente de los supuestamente desmovilizados.

Márquez se ha visto afectado por la detención de su antiguo compañero de armas ‘Jesús Santrich’, que fue detenido el pasado 10 de abril en Bogotá por una orden de Interpol emitida a petición de Estados Unidos, que le acusa de conspirar para introducir cocaína en el país después de la firma del acuerdo de paz en Colombia, el 24 de noviembre de 2016.

‘Jesús Santrich’, que está recluido en la cárcel bogotana de La Picota, está a la espera de que las autoridades colombianas decidan sobre su extradición a Estados Unidos. Hasta entonces, ha iniciado una huelga de hambre. Es su «última batalla» por el proceso de paz, ha declarado.

Según Caracol Radio, Marlón Marín, sobrino de Márquez, es testigo protegido de Estados Unidos en la causa contra ‘Jesús Santrich’. Marín asegura que tiene pruebas que demostrarían que ‘Jesús Santrich’ dirige una organización dedicada al narcotráfico.

«No sé a quién se le ocurre que ‘Jesús Santrich’ está involucrado en narcotráfico […] Eso se le ocurre a una mente enferma», ha apostillado Márquez, aunque sin aludir a su sobrino.

En realidad, el proceso posterior a la firma del acuerdo ha estado lleno de obstáculos y de noticias sobre que cada vez había más disidentes dentro de las autodenominadas Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC).

Las últimas cifras oficiosas indican que en estos momentos son más los narcoterroristas que han preferido no desmovilizarse que hacerlo. Y desde la oposición a Santos, fuentes consultadas por OKDIARIO sugieren que esos reductos tan numerosos, en realidad serían un brazo armado de la guerrilla para mantenerse amenazante en el futuro.

Márquez ha lamentado esta nueva crisis en el proceso de paz y ha instado a Juan Manuel Santos a actuar para impedir que se desmorone, una manera de amenazar soslayadamente. «Realmente hay muchas cosas que deben cambiar. Nosotros queremos hacer política para hacer los cambios», ha reivindicado.

Santos se reunió con la cúpula de las FARC nada más estallar el caso. «El acuerdo es muy claro: quien cometa un delito después de la firma será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos. Ésas son las reglas del juego», les dijo.

Y es que los acuerdos les garantizaban impunidad, financiación, representación política y medios de comunicación, todo a cuenta del Estado. Tantas prebendas que provocaron el rechazo de la mayoría de los ciudadanos pero que les dejaban el camino expedito para reintegrarse en la sociedad. Y más cuando Santos demostró que no les iba a exigir un desarme realmente verificable ni la entrega de sus riquezas de miles de millones de dólares escondidos en paraísos fiscales.

El Gobierno y las FARC acordaron una amnistía general para todos los delitos relacionados con su terrorismo, a excepción de los crímenes internacionales —que no se pueden amnistiar— y para ellos crearon la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que contempla sanciones administrativas y penas en suspensión para los miembros de las FARC.