La Fiscalía belga traslada a España que agotarán todas las garantías con Puigdemont, tarden lo que tarden

La Fiscalía y los jueces belgas no van a tener prisa en la entrega de Carles Puigdemont a España. Han dejado claro a la Fiscalía española que van a dar una imagen internacional de “plenas garantías jurídicas” y que, por lo tanto, los trámites tardarán lo que tengan que tardar. Así ha recibido el mensaje el Ministerio Público español, que asume que, aunque la Fiscalía belga se ha mostrado de acuerdo con la entrega a España del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de los cuatro exconsellers que le acompañan en la capital belga, en la práctica, la materialización de esta decisión puede ser, aún, fruto de una sensible espera.

Y esa espera, de hecho, amenaza con pisar literalmente el periodo de las elecciones catalanas o, al menos, la recta final de la campaña electoral, algo que queda dentro de los planes del ex presidente prófugo y que podría ayudarle a dar una imagen internacional de político que entra en prisión pese a la votación convocada.

La Fiscalía española, por su parte, ha explicado que, evidentemente, cada minuto que Puigdemont y los ex consejeros permanezcan en esta situación su futuro será más evidente: el de ir directamente a la prisión preventiva por su situación de prófugos y su evidente riesgo de fuga y reiteración delictiva.

Hay que recordar que la Fiscalía de Bélgica ha pedido que se ejecuten las euro órdenes de detención y entrega a España del expresidente de Cataluña  y de los ex consejeros que le acompañan. Así lo han comunicado oficialmente los portavoces del Ministerio Público, que, sin embargo, no han querido confirmar este extremo en la rueda de prensa posterior y tan sólo han aclarado que el juez belga que examina el caso ha citado nuevamente a los investigados el 4 de diciembre para que hagan sus respectivas alegaciones.

El pasado 3 de noviembre, la Audiencia Nacional dictó cinco euroórdenes contra los exmiembros del Govern -Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret- por los delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación por la organización del golpe de estado del 1-O.