Crece la violencia en Líbano

Prosiguen las protestas en Líbano y estas están tomando una vertiente cada vez más violenta. El principal motivo de las algaradas callejeras sigue siendo el hastío de la población por la corrupción sistémica y la crisis económica galopante que sufre el país.

El cariz pacífico de las manifestaciones que arrancaron en octubre ha derivado en una violencia que está siendo atajada por las fuerzas de seguridad libanesas con medidas contundentes, como el lanzamiento de bolas de goma y el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos.

Del domingo al lunes hasta una veintena de personas más han resultado heridas por los incidentes relacionados con la represión ejercida por la Policía y el Ejército sobre los manifestantes, lo que se suma a las decenas de heridos más que se han ido sucediendo en fechas previas.

La entidad Defensa Civil Libanesa indicó en la red social de Twitter que había trasladado en las últimas horas a “20 heridos hasta los hospitales de la región para recibir tratamiento médico”, mientras, al menos 72 fueron curados en las mismas localizaciones de las protestas.

Los choques confrontan a los manifestantes contrarios a la clase política establecida y a representantes de los movimientos chiíes de Hizbulá y Amal que se oponen a estas revueltas contra el poder, al igual que ha sucedido en jornadas precedentes, en las que encapuchados y elementos con el rostro cubierto han encendido la llama de los enfrentamientos ante los que protestan contra la clase política libanesa; con feroces disturbios que han acabado incluso con incendios y bloqueo de accesos al Parlamento y la sede del Gobierno.

Hasta este fin de semana la postura de la formación Hizbulá, con gran peso en la política libanesa, había sido prudente, pero ya a partir del sábado la actitud de esta entidad chií y del grupo Amal derivó en otra más contundente, encarando con violencia a los manifestantes que quieren acabar con la casta política y religiosa instalada en las instituciones y que anhelan la llegada de un equipo de independientes y de tecnócratas que saquen al país de la situación en la que está y que no se dediquen a sus propios intereses, como se denuncia que están haciendo los partidos políticos tradicionales.

Tanto Amal como Hizbulá no se han pronunciado sobre lo sucedido este fin de semana, en el que se han producido los episodios más duros desde el inicio de las protestas y durante los más de 60 días de movilizaciones. El pasado viernes, el líder de Hizbulá, Hasan Nasrallah, justificó en un discurso televisado que la «provocación» lleva a que «se descontrole» la situación, aunque pidió «paciencia» a sus seguidores.

La Plaza de los Mártires de Beirut sigue siendo el punto neurálgico, donde dieron comienzo las manifestaciones el 17 de octubre; alumbradas por el hartazgo de la ciudadanía ante la mala situación financiera nacional, la corrupción existente y el reparto del poder articulado en torno a motivos religiosos dependiendo de las confesiones y diferentes grupos dentro de ellas existentes en el país. El ahogo del país llevó a la dimisión del primer ministro Saad Hariri el día 29 de ese mismo mes, entre las acusaciones de tolerar la corrupción y llevar a Líbano a la peor crisis económica desde la guerra civil.

Precisamente, uno de los problemas principales que sigue afrontando el país es la ausencia de un Gobierno desde la marcha de Hariri; aunque se espera que en las próximas horas el presidente de Líbano, Michel Aoun, encargue la formación de un nuevo Ejecutivo y la figura de la que se vuelve a hablar es la del recientemente dimitido jefe de Gobierno, algo que no quieren bajo ninguna circunstancia los desencantados libaneses, que ven más de lo mismo en la figura de este; a pesar de lo cual, se da prácticamente por sentado que Saad Hariri será nuevamente designado en sede parlamentaria para formar Gobierno.

Desde las calles se exige la entrada de un representante político independiente, no vinculado al sistema corrupto instaurando desde hace ya muchos años en el Estado.

El historial de mandatarios y dirigentes que ha poblado el poder en Líbano desde la guerra civil (desarrollada entre 1975 y 1990) es ya largo y la población no aguanta más; sobre todo, teniendo en cuenta cómo están las arcas públicas, vacías por una gestión nefasta y amenazadas por una situación financiera alarmante que acucia al país.

De hecho, Saad Hariri realizó una última intentona para recaudar fondos con una gira por determinados países de Oriente Medio como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí y por Francia, Rusia y Alemania a principios de octubre, en la que fue acompañado por seis ministros, el gobernador del Banco de Líbano y 50 banqueros y economistas.

Esta visita se enmarcó dentro de la situación económica desesperada de la nación, que ha llegado a finales de 2019 con una deuda que ronda los 85.000 millones de dólares (lo que supone el 150% del Producto Interior Bruto) y con una baja calificación de los depósitos de sus principales bancos, según indicadores de agencias de calificación como Moody’s.

La respuesta gubernamental para atajar esta situación fue la de más presión fiscal sobre los ciudadanos, sumada a un aumento de los precios, que ha conducido a la población a una situación económica asfixiante. Este escenario se viene arrastrando ya desde los años 90 del siglo XX con los fallos de la política neoliberal que aplicó Rafiq Hariri, ex primer ministro libanés y padre de Saad, que murió en 2005 asesinado con un coche bomba.

Tras la marcha de Saad Hariri del Gobierno, los principales partidos no se han llegado a poner de acuerdo para promover un sucesor y un nuevo Gobierno y el vacío de poder es palpable en Líbano, tras dos meses ya sin equipo gubernamental; hasta las últimas horas, en las que se vislumbra el nuevo advenimiento del ex primer ministro como jefe del próximo Gobierno libanés. Todo ante el ferviente deseo de gran parte de la población de romper con el sistema corrupto de la política nacional y acabar con la casta instalada y con el reparto pactado de poder entre las diversas confesiones como la musulmana y cristiana; aspirando a una mejor gestión por parte de técnicos no vinculados a ningún grupo político y a la instauración de un Estado civil que sustituya al actual confesional.