Yolanda Díaz permite a Armengol contratar a traductores como falsos autónomos saltándose la ley

El Congreso echará mano de una bolsa con una docena de traductores, muchos de los cuales ya han trabajado para el Senado. La cacería de Yolanda Díaz contra las empresas que utilizan a falsos autónomos no afecta al Congreso de los Diputados. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social permite a Francina Armengol saltarse su propia ley al optar por esa fórmula perseguida por el Ministerio de Trabajo para la contratación de los traductores oficiales que desvelan las palabras de los diputados que se expresan en las lenguas cooficiales que no son el castellano.

Las prisas de la Mesa para que desde este martes ya se pueda hablar catalán, euskera, gallego, valenciano o aranés en el Congreso de los Diputados es una decisión histórica que se había rechazado en el pasado y que el PSOE y Sumar han hecho realidad en apenas un mes, ha obligado a buscar una solución temporal. Para contentar a Junts, ERC, Bildu, el PNV y el BNG que apoyaron la elección de Armengol a cambio de esta concesión.

El Congreso echará mano de una bolsa con una docena de traductores, muchos de los cuales ya han trabajado para el Senado. Aunque trabajan desde casa, lo que en caso de una incidencia técnica en su domicilio durante la traducción de un pleno dejaría sin servicio a la Cámara, la fijación de unos horarios -los de los plenos- por parte de la parte contratante les convierte en falsos autónomos. Fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos aseguran que «esto es lo que argumenta siempre la inspección de trabajo cuando se dan estos casos en el sector privado».

También el volumen de su facturación, teniendo en cuenta la mucha actividad que hay en la Carrera de San Jerónimo, hará que gran parte de sus emolumentos sean procedentes de las Cortes. Cosa que no permite Trabajo.

Cada traductor tiene una tarifa diferente, por lo que no se puede saber con exactitud el desembolso que supondrá la contratación de estos intérpretes. Eso sí, se calcula que, de media, cada uno puede llegar a cobrar en torno a 100 euros la hora. El coste que a partir de ahora la Cámara destinará a los traductores, si bien aún no se puede cuantificar cuál será ese gasto final, puesto que, de momento, se contratarán en función de las necesidades de cada pleno, podría superar los 700.000 euros anuales.

La Cámara, por eso, no les permitirá facturar más de 15.000 euros este año, al tratarse de contratos menores con los que la dirección de Armengol pretende trocear el gasto total. Una decisión que critica el PP y que ya ha advertido que revisará.

En el sindicato USO manifiestan que «si la traducción va a ser algo estructural y habitual», como pretenden las fuerzas progresistas una vez se apruebe de forma definitiva la semana que viene, «esto debería realizarse mediante una plantilla estable: como contratados laborales o sacar una convocatoria de oposiciones a esas plazas». Algo, esto último, para lo que no hay tiempo.