Yolanda Díaz dice que duplica las subvenciones a los sindicatos para «promover sociedades pacíficas»

El Ministerio de Trabajo ha justificado duplicar las subvenciones a los sindicatos UGT y CCOO con el fin de «promover sociedades pacíficas e inclusivas».

En un documento oficial del departamento de Yolanda Díaz, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se responde que dichas subvenciones «contribuyen a la consecución de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enumerados en la Agenda 2030», citando en particular el número 16, dirigido a «promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles)». Según Trabajo, ello es posible gracias al «diálogo social mediante el apoyo y soporte a los sindicatos y a las organizaciones empresariales».

El pasado 8 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo del Ministerio de Trabajo para la convocatoria de subvenciones a los sindicatos por 17 millones de euros. Esta cuantía se ha duplicado desde que Yolanda Díaz está al frente de la cartera. Y ello, con la luz y el IPC en cifras récord y tras el apoyo de las centrales sindicales a la reforma laboral y la subida del salario mínimo, dos de las medidas estrella de la ministra de Trabajo.

17 millones

Las ayudas a los sindicatos han experimentado un notable aumento desde la llegada de Díaz. Así, en 2021 ya fueron de 13,8 millones, frente a los 8,8 millones que se habían repartido en años anteriores, lo que representó una subida del 56,3%. Esa cantidad ha subido este año a los 17 millones. El objetivo de estas subvenciones, según se indica, es la realización de actividades de carácter sindical o cualquier tipo de actividad dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.

El Ministerio de Díaz alega asimismo que «la cuantía de la partida presupuestaria destinada anualmente a tal fin ha registrado variaciones (incrementos y decrementos) desde que dichas subvenciones se institucionalizaron, como consecuencia de las legítimas decisiones de distribución del gasto público adoptadas por los distintos Gobiernos en función de criterios de oportunidad y disponibilidad presupuestarias de acuerdo con las necesidades y prioridades derivadas del contexto socioeconómico».

El Gobierno ha destinado este año además 5.909.440 euros a las organizaciones sindicales para financiar los planes de formación para la negociación colectiva.

Sueldos

Hace unos días, el Partido Socialista rechazó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley de Vox para obligar a los sindicatos a rendir cuentas sobre su actividad, ayudas y retribuciones.

La proposición reclamaba exigir a estas organizaciones -y asociaciones empresariales- «toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, de manera que sea conocida, no sólo por los afiliados, sino por el conjunto de la sociedad».

En concreto se solicitaban las cuentas anuales, los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por órganos de control externo; sus presupuestos; las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables y las indemnizaciones percibidas; las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos; los contratos, convenios y subvenciones que puedan celebrar y recibir las organizaciones sindicales y empresariales de los órganos que a efectos de la ley no son Administraciones Públicas, incluso los realizados con entidades privadas y su entero régimen económico, cuotas de afiliación y rendimientos de gestión patrimonial e inversiones.

Según Vox, este ejercicio de transparencia es necesario para conocer «la imagen real y objetiva de los sindicatos y asociaciones empresariales».

Desde el PSOE, a preguntas de este periódico, argumentaron su rechazo en que «hay que respetar a las organizaciones sindicales». «No estamos en dinámicas para deteriorarlas», criticó el portavoz parlamentario socialista, Héctor Gómez.