Congreso de los Diputados

Vox pide amparo a Batet por la negativa del Gobierno a responder sobre su pacto secreto con Bildu

Interior no dice por qué permitió que diputados de Bildu se saltaran el confinamiento para visitar a presos de ETA

El partido de Otegi aprovecha la pandemia para presionar a Moncloa con nuevos acercamientos de etarras

Vox
Macarena Olona e Ignacio Gil Lázaro en el Congreso de los Diputados. (Foto: Congreso)

El Grupo Parlamentario de Vox ha pedido amparo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ante la negativa del Gobierno a responder una batería de preguntas sobre las irregularidades de una visita de diputados de Bildu a presos de la banda terrorista ETA en la cárcel de Huelva durante el estado de alarma. Un silencio que la formación de Santiago Abascal enmarca en el pacto secreto de Pedro Sánchez con los proetarras para esta legislatura y su política de acercamientos a cárceles de País Vasco y Navarra.

Según el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Vox insta a Batet a que estas preguntas escritas sean contestadas oralmente por el Ejecutivo en el seno de la Comisión de Interior «al no haberse obtenido respuesta en tiempo y forma». En caso de que la presidenta del Congreso no conceda tal amparo, el partido de Abascal está dispuesto a llevar el asunto al Tribunal Constitucional, según aseguran fuentes parlamentarias.

La solicitud de amparo, que lleva la firma de la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, y los diputados Francisco José Alcaraz y Tomás Fernández, pide a la presidenta del Congreso que «en uso de las facultades que le confiere el artículo 32 del Reglamento se dirija al Gobierno reiterándole su obligación constitucional de responder con precisión a las preguntas formuladas sobre las que se desea respuesta por escrito».

Vox preguntó al Gobierno por la polémica visita de dos diputados de Bildu —un miembro de la Cámara baja y otro del Parlamento vasco— a los presos etarras internos en el Centro Penitenciario de la Ribera (Huelva) el pasado junio. Unos hechos en los que se incumplieron las normas de movilidad establecidas en el estado de alarma, pues los diputados pueden sortear el mismo por motivo de su profesión, pero sólo por causas justificadas, donde no se incluye el desplazamiento de unas comunidades autónomas a otras para visitar a internos en los centros penitenciarios.

Vox también recuerda que tras instaurarse el estado de alarma por parte del Gobierno, Instituciones Penitenciarias prohibió terminantemente que ningún interno pudiera recibir visitas denominadas de «convivencia», como fue el caso.

Ante tales circunstancias, el Ejecutivo evitó dar respuesta concreta a siete cuestiones sobre este episodio. En su contestación a los diputados a Vox, Moncloa se limitó a remitirles a un ‘cara a cara’ que habían mantenido el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro en una sesión de control en el Pleno del Congreso.

«En relación con las preguntas formuladas, el Gobierno se remite a lo manifestado por el Ministro del Interior con motivo de la respuesta a la pregunta oral que ha tenido lugar durante el desarrollo de la sesión del Pleno del Congreso, celebrada el día 24 de junio de 2020 (Diario de Sesiones núm. 32 y número de expediente 180/000238), sobre si se está negociando el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco», rezó la respuesta del Gobierno, esquivando las siete cuestiones concretas que le planteó Vox.

Excarcelación

En aquella respuesta oral al vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso, Marlaska tampoco explicó la razón por la que Interior permitió a los parlamentarios de Bildu burlar el confinamiento para visitar a presos de ETA en la cárcel de Huelva. De igual modo, el ministro no se pronunció sobre si el Gobierno había autorizado que «en esa visita se saltaran los protocolos establecidos en el Reglamento de los centros penitenciarios españoles para regular las visitas a los internos, así como todos aquellos que estos están obligados a mantener para evitar la propagación dentro de la cárcel del COVID-19», apunta Vox.

Por su parte, Gil Lázaro criticó la existencia de un «proceso de negociación directa del Gobierno con el PNV» e «indirecta con los presos de ETA a través de Bildu» para poner fin a la política de dispersión. «El objetivo final que persiguen el PSOE y los proetarras es un acercamiento de todos los presos de ETA y la aplicación de beneficios que terminen en una excarcelación encubierta generalizada», sentenció el diputado de Vox.

‘Copia y pega’

Además, los de Abascal denuncian que la misma contestación esquiva que recibió sobre el episodio de la cárcel de Huelva ha sido «reproducida de manera idéntica» por el Ejecutivo de Sánchez en otra respuesta a una posterior pregunta de Vox. Para la tercera fuerza del hemiciclo, este ‘copia y pega’, o lo que es lo mismo, «la utilización de un modelo tipo para contestar a las iniciativas de control al Gobierno supone, más allá de la responsabilidad política, una falta absoluta de respeto al conjunto de los españoles, a sus legítimos representantes y al propio Parlamento».

En su solicitud de amparo a la presidenta del Congreso, Vox subraya que «una de las funciones que dan carta de naturaleza a la figura del parlamentario como representante de la soberanía nacional es la función de control al Gobierno, sin que pueda obstaculizarse su normal desempeño, tal y como establece el Tribunal Constitucional». De esta forma, el escrito firmado por Olona, Alcaraz y Fernández considera que en este caso se ha dado «una quiebra de la legalidad parlamentaria» conllevando una consecuente vulneración del derecho fundamental que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución.

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