Viera pide su exclusión en una pieza de los ERE y culpa a su equipo del diseño de las ayudas

El ex consejero de Empleo de la Junta e Andalucía José Antonio Viera ha pedido el sobreseimiento de las actuaciones contra él y su exclusión de la pieza separada que investiga las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 en el Caso ERE, por importe de 8,4 millones de euros, a las empresas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde del PSOE de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Ángel Rodríguez de la Borbolla es hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, y apunta en su escrito al juzgado a su equipo técnico como responsable del diseño de las ayudas concedidas.

En su escrito, registrado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado 7 de junio la representación procesal de Viera solicita el sobreseimiento y la exclusión de Viera, alegando, entre motivos, el principio ‘non bis in ídem’, por el que una persona no puede ser procesada dos veces por los mismos hechos.

En este sentido, indica que, «conforme ya se acordó» por la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, en relación al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, «procede se acuerde el sobreseimiento y, por ende, se excluya» a Viera de esta pieza, al estar siendo juzgado, junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Fernández, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla «por los mismos hechos» en la pieza del procedimiento específico, «sin que haya razón alguna para la existencia de dos procedimientos que enjuicien su responsabilidad por los mismos actos».

Tras citar jurisprudencia al respecto del Tribunal Constitucional y autos de la Audiencia en el mismo sentido, Viera indica que se encuentra investigada en la pieza separada por las ayudas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla por presuntos delitos de prevaricación y malversación por «supuestamente haber favorecido la concesión de las citadas ayudas», si bien, resalta en su escrito al juzgado que «llama la atención la vaguedad del título de imputación» en el auto de 23 de febrero de 2018 que señala que «procede traer al presente procedimiento y en calidad de investigado» a Viera como consejero de Empleo ya que «pudo influir en la concesión irregular de determinadas ayudas».

Sin embargo, según el escrito de la representación procesal del ex consejero, «no cabe más que llegar a la conclusión de que la actuación» de éste «se limitó a la mera aprobación del convenio marco de 17 de julio de 2011» entre la Consejería y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), por el que este ente materializaría el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L, que la propia Dirección General allegaría a través de transferencias de financiación, herramienta que, según las acusaciones del juicio por la pieza política de los ERE, permitió eludir la fiscalización previa de las ayudas.

«Minucioso estudio»

En el mismo escrito se añade que desde un «minucioso» estudio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desprende que Viera «no firmó ninguno de los convenios individuales de colaboración ni ninguna de las ayudas» a estas empresas de Rodríguez de la Borbolla.

Además del principio ‘non bis in ídem’, el otro argumento esgrimido por Viera en su escrito a la juez Núñez Bolaños es que «no participó en la comisión de delito alguno».

A este respecto, detalla que el convenio marco tenía como objeto proporcionar «la base para el posterior otorgamiento de ayudas sociolaborales a las empresas que se encontraban en situación de precariedad en Andalucía, algo que, sin entrar en la legalidad o no del sistema, ‘prima facie’ parecía permitir la Orden Ministerial de 1995». «En ningún caso suponía, en sí mismo el convenio, ni una disposición de caudales públicos ni tampoco un compromiso de gasto», añade el escrito de Viera.

Para el ex consejero, el convenio marco requería de posteriores convenios individuales de desarrollo para la concesión de las ayudas, los cuales, en el caso de las ayudas a las empresas de Rodríguez de la Borbolla, «no se hallan rubricados» por el propio Viera.

«Fórmula ágil»

«El solo hecho de desempeñar un cargo de naturaleza política no puede implicar ni se puede presumir ‘ipso facto’ el conocimiento, la conciencia ni mucho menos la participación en las irregularidades que hoy se reprochan», señala el ex consejero en su escrito, en el que subraya que él «se limitó a constatar y poner de manifiesto la existencia de una situación de conflicto a nivel sociolaboral y la necesidad de alcanzar una fórmula legal y ágil para solucionarla. Nada más».

«A quien le correspondía diseñar esta solución o fórmula legal era a su equipo técnico», asegura la representación procesal del exconsejero, que apunta que «no se puede reprochar» a Viera que «confiara plenamente en su equipo técnico, como tampoco se le puede exigir que desconfiase de todos y cada uno de los actos que dicho equipo realizaran en el otorgamiento de las ayudas».

Además, el escrito argumenta que «no era competencia de Viera», que no tiene formación jurídica, analizar la legalidad del sistema diseñado para solucionar el problema planteado, insistiendo en que el exconsejero actuó «en todo momento en virtud del principio de confianza legítima» en los funcionarios.

«Constituiría un despropósito exigir al consejero de Empleo revisar, analizar y cotejar personalmente todas y cada una de las decisiones y acuerdos que firma, y muchos menos revisar aquellos otros actos que otorgan ayudas concretas, que ni siquiera firma, como ocurre en el procedimiento», cuyas ayudas eran concedidas por el director general de Trabajo, en su época, Francisco Javier Guerrero.

Por último, resalta Viera que el convenio marco funcionó durante todos los años de su mandato como titular de Empleo «sin que ni la intervención de la Junta, ni el Defensor del Pueblo, ni la Cámara de Cuentas, ni persona o institución alguna, cuestionara la supuesta ilegalidad del sistema ni se plantease jamás la más mínima objeción».