Urkullu recaba ya 128 denuncias sin control judicial por presuntas torturas policiales gracias al pacto con Sánchez

El Gobierno vasco lleva recabadas ya 128 denuncias al amparo de la conocida como Ley de Abusos Policiales, para el «reconocimiento y reparación» por presunto maltrato por «motivación política».

Así se desprende de una respuesta escrita del Ejecutivo de Íñigo Urkullu a una petición de información por parte del parlamentario del PP, Carmelo Barrio, firmada este jueves y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En la solicitud se requería información sobre «los expedientes abiertos, resoluciones y actuaciones llevadas a cabo por la Comisión de Valoración» de dicha ley, el órgano extrajudicial y de perfil político encargado de tramitar y conceder dicho reconocimiento.

En su respuesta, el Gobierno del PNV señala que «desde su constitución, la Comisión no ha celebrado ninguna reunión formal, ni ha recabado testimonio ni tramitado expediente ni resolución alguna. Únicamente ha mantenido varias reuniones de carácter formativo».

Añade que «el inicio de los trabajos de la Comisión está pendiente de la aprobación del Decreto de desarrollo del procedimiento para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, producidas en un contexto de motivación política, que se encuentra en trámite». Y concluye: «Hasta el momento se han dado entrada a 128 solicitudes de reconocimiento y reparación».

OKDIARIO ya informó de que el Gobierno vasco había abierto el plazo para recabar denuncias contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por supuestas torturas en el País Vasco.

La norma permite, tanto al PNV como a su Gobierno autonómico, recabar e investigar denuncias de supuestas víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. Como informó este medio, el Ejecutivo de Urkullu ha presupuestado 1,4 millones para reparar a las víctimas de estos presuntos abusos.

Sánchez retiró el recurso

En la actualidad, el Gobierno nacionalista trabaja en el desarrollo del decreto de  la conocida como ‘ley de abusos policiales’ -Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política- aprobada por el Parlamento Vasco en abril con los votos a favor de PNV y PSE, la abstención de Bildu y Podemos y el voto en contra del PP.

En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la ley aprobada un año antes por el Parlamento Vasco bajo la denominación de ‘Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999’.

El tribunal acordó la suspensión, entre otros, de la polémica ‘Comisión de Valoración’, un órgano de perfil político encargado de valorar las solicitudes de reparación de las supuestas víctimas. Se trata de un ente ‘parajudicial’ con capacidad para tomar testimonio y con iniciativa de investigación ante supuestos abusos cometidos por funcionarios públicos, que no fueron  condenados por la Justicia o, ni siquiera, denunciados ante los tribunales.

Pero el ahora presidente en funciones, Pedro Sánchez, en un gesto hacia el PNV por su apoyo en la moción de censura, acordó la retirada de dicho recurso a cambio de que el Gobierno vasco introdujese varios cambios. En abril, el Gobierno vasco presentó una reforma, que fue aprobada con los votos a favor de PNV y PSE, la abstención de Podemos y Bildu y la oposición del PP.

Esa reforma -que fue también recurrida por PP  y Ciudadanos- mantiene la controvertida Comisión, que establece que las presuntas vulneraciones de derechos humanos «se podrán acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa» que las reconozca o «por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo».

Sin juicio previo

La declaración como víctima implica «el derecho al reconocimiento público» de esa condición, así como «el derecho a la reparación», que comprende una compensación económica «y, cuando proceda, una asistencia sanitaria para superar los daños sufridos como consecuencia de las vulneraciones de derechos humano».

La Ley de abusos policiales pretende investigar, sin juicio, casos de presuntas vulneraciones de derechos humanos, bien sea con resultado de muerte, lesiones permanentes invalidantes o no, casos de maltrato grave y otros casos que se determine.

La Comisión tiene un perfil claramente político. Está compuesta por el director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, tres personas designadas por el titular de la Secretaría General o Viceconsejería competente en materia de derechos humanos, tres expertos en la materia designados por el Parlamento Vasco, dos peritos forenses y un psicólogo o psicóloga designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal.

Este órgano podrá solicitar al Gobierno vasco y a otras administraciones públicas, entidades y órganos, públicos o privados,»antecedentes, datos o informes que pudieran resultar necesarios para la tramitación de los expedientes», así como denuncias, expedientes judiciales, informes médicos, material periodístico y otras diligencias.